La polémica de los desahucios de los barcos vivienda llega al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), que aborda este jueves las reclamaciones de ocho afectados por los requerimientos realizados para "liberar el amarre y abandonar" la marina de la capital grancanaria, conocida como Dársena de Embarcaciones Menores o Muelle Deportivo.

El requerimiento formulado por el director del puerto les obliga a abandonar la marina y les advierte con una multa de hasta 60.000 euros si no lo hacen de manera voluntaria, según los diferentes recursos de alzada presentados ante la APLP.

Pleito a la vista

Este primer bloque de ocho impugnaciones, además de agotar la vía administrativa para luego poder pleitear en la jurisdicción civil, es importante porque fijará la postura del Consejo de Administración ante la campaña emprendida por la dirección del Puerto, que busca acabar con el uso residencial de las embarcaciones.

En la actualidad hay familias al completo que viven en los pantalanes, una situación que trasciende el fenómeno bohemio o asociado a la vida en el mar, además de hundir sus raíces en la carencia de casas y de alquileres a precios asequibles en la capital grancanaria.

En ese sentido, la aparición de anuncios en plataformas para alquilar las embarcaciones como si fueran viviendas, es lo que ha motivado a la administración portuaria a tomar medidas, consciente de la proliferación de casos y de la falta de atraques para desempeñar los fines náuticos habituales.

Argumentos

En líneas generales, la APLP sostiene que esta actividad está prohibida por la Ley de Puertos del Estado, pero los usuarios replican que pernoctar en los barcos no está vetado.

Es más, durante regatas como la Atlantic Rally for Cruisers (ARC), eso es lo que hacen los extranjeros hasta la salida: dormir en la dársena capitalina para poner luego rumbo al Caribe.

Amparo

Los afectados, que suman más de una veintena, reclaman a los consejeros del puerto que frenen la tramitación de los desahucios, sabedores de que hay cargos con proyección pública entre sus miembros, como la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, o el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. 

La mayoría ha hecho frente común para defenderse ante la APLP, como acredita que el abogado Ricardo Ponte asuma la representación de estos ocho recursos de alzada.

Viejos conocidos

Las embarcaciones que ha sido requeridas para abandonar el Muelle Deportivo son Clea, Acobat, Bañaderos Uno, Catiago, Esperance, Mabelle, Nipper y Out of here.

Entre los recurrentes hay al menos cuatro propietarios de origen extranjero.