La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra seis integrantes de un grupo criminal dedicado a la introducción de grandes cantidades de droga en Canarias. Entre las peticiones más llamativas del Ministerio Fiscal destaca el decomiso de dos licencias de taxi de Las Palmas de Gran Canaria (números 553 y 1352), adquiridas presuntamente con los beneficios ilícitos del narcotráfico.
El taxi como inversión
Según el escrito de conclusiones provisionales, el acusado A. I. S. P., quien se enfrenta a penas que suman 11 años de prisión por delitos contra la salud pública e integración en grupo criminal, habría utilizado las ganancias de la venta de estupefacientes para profesionalizar su estructura financiera.
Además de las licencias de taxi, adquiridas a finales de 2022, el acusado contaba con una flota de vehículos asociados a su actividad ilícita, incluyendo un Toyota Corolla con matrícula de taxi y otros dos vehículos particulares. La Fiscalía sostiene que estos bienes, junto con un piso en la capital grancanaria, un terreno en Firgas y más de 148.000 euros en cuentas bancarias, proceden exclusivamente de la venta de droga.
Una red que conectaba las islas
La organización no solo operaba en Gran Canaria. El escrito del fiscal detalla cómo el grupo utilizaba "muleros" y traslados personales para abastecer a Lanzarote y Fuerteventura.
A. I. S. P., D. M. P. S. y CCHO se encargaban de la logística inicial y la distribución en Gran Canaria, mientras que C. S. E. y A. R. O. M. gestionaban el transporte y venta final en las islas orientales.
En los diversos registros realizados entre 2023 y 2024, las autoridades se incautaron de alijos de gran valor. Solo en el domicilio de A. I. S. P. se hallaron más de 21 kilos de cocaína y otras sustancias valoradas en 1,5 millones de euros, al tiempo que en los inmuebles de D. M. P. S. se intervinieron más de 5 kilos de heroína y cocaína con un valor de mercado de 340.000 euros.
Penas millonarias
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita multas astronómicas que reflejan la magnitud de la operación: para los principales acusados, entre ellos el propietario de las licencias de taxi, se piden multas de 7 millones de euros; para la acusada A. R. O. M. la multa solicitada asciende a 5 millones de euros.
El Ministerio Fiscal ha solicitado que, una vez dictada la sentencia, se proceda al decomiso y destrucción de todas las sustancias, así como a la adjudicación al Estado de los bienes inmuebles, vehículos y las licencias de taxi que formaban parte del patrimonio de la red.
El juicio se celebra la próxima semana en la Audiencia de Las Palmas, con sesiones previstas todos los días dada la magnitud de la trama.