El taxi de un taxista capitalino ha pasado casi tres años en el depósito municipal de Santa Cruz de Tenerife por una inmovilización que los tribunales declararon posteriormente “nula de pleno derecho”. Ahora, su propietario reclama 125.004,96 euros al ayuntamiento por los daños psicológicos y económicos derivados de aquella medida, en un caso que hunde sus raíces paralelamente en la denuncia que desenvocó en la condena al presidente de Tele Taxi Isla de Tenerife por defraudar a la Seguridad Social. Atlántico Hoy ha tenido acceso a varios de los expedientes que reconstruyen esta historia.
El vehículo de este taxista fue retirado la madrugada del 28 de diciembre de 2019, cuando la Policía Local levantó tres actas de infracción y procedió a su inmovilización. Según expuso el propio afectado en su reclamación, el coche fue depositado en dependencias municipales “donde ha permanecido el vehículo hasta día de hoy [por la fecha en la que presentó la reclamación]".
Revocación y retirada
La inmovilización del taxi se produjo tras un decreto del ayuntamiento que revocó su licencia, dictado el 28 de noviembre de 2019. Esta decisión se tomó porque el vehículo carecía de inspección técnica y sanitaria anual desde 2017, no tenía la autorización insular de transporte y con él se habían cometido dos infracciones muy graves en un periodo de dos años.
A pesar de la contundencia de las acusaciones contra el taxista, cuando el asunto llegó a los tribunales, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife anuló la inmovilización del taxi por defectos en el expediente en el que se amparó el consistorio para retenerlo en el depósito.
“Desprovista de motivación suficiente”
La sentencia fue tajante. Señaló que no constaban incorporadas al expediente las actas que supuestamente justificaban la inmovilización y que no existían “evidencias formales e indubitadas del acto que motivó la medida”. Por ello, el juzgado concluyó que debía considerarse “desprovista de la motivación suficiente exigible para su dictado y por ende nula de pleno derecho”.
El fallo determinó que resultaba “evidente su desajuste a derecho al no haber sido notificada la resolución que adoptó la revocación de la licencia” y ordenó restituir la posesión del vehículo. “La nulidad de la medida implica indefectiblemente la devolución de su vehículo al actor, de tal forma que ha de reponérsele en la plena posesión de este último sin establecer traba u óbice alguno”, recogió literalmente la sentencia.
La apelación del ayuntamiento
El ayuntamiento no aceptó el revés y recurrió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La sala desestimó el recurso en diciembre de 2021 y la sentencia devino firme en febrero de 2022 al no interponerse casación.
Durante ese tiempo, el taxi permaneció en el depósito municipal. El afectado sostiene que el daño se prolongó hasta el 11 de julio de 2022, fecha en la que cesó la situación. Por esos casi tres años sin su vehículo, su motor económico, ahora reclama más de 125.000 euros. En la vía administrativa, la reclamación patrimonial ha llegado al Consejo Consultivo de Canarias como paso perceptivo previo a que el ayuntamiento, que propone una indemnización de poco más de mil euros, tome una decisión.
Daño moral: la denuncia que sacudió Tele Taxi
De la reclamación patrimonial de 125.000 euros, casi 80.000 corresponden a un supuesto daño moral que tiene sus raíces en la denuncia que acabó con la condena a tres años de prisión en 2021 al presidente de la cooperativa Tele Taxi Isla de Tenerife, Victor Melián, por defraudar a la Seguridad Social y por alzamiento de bienes.
El taxista que ahora reclama al ayuntamiento no solo litigó contra el consistorio por la retirada de su vehículo. También protagonizó, previamente, un conflicto con la cooperativa en la que trabajaba, Tele Taxi, que fue, según los informes periciales incorporados al expediente, el origen de su deterioro psicológico, empeorado por la retirada de su taxi. Según los informes periciales presentados por el conductor, este sufriría trastorno de bipolaridad, un cuadro depresivo agudo e ideas suicidas y autolíticas, entre otras patologías, fruto de los hechos que se describen a continuación.
Una falsificación documental
Esta subtrama previa nace de “un caso de supuesta falsificación de documentación por parte de la Cooperativa de Taxistas de Santa Cruz de Tenerife”, según el expediente. El dictamen médico pericial aportado por el taxista recoge que esos hechos “fueron denunciados, en primer lugar, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ante el INEM, ante la Agencia Tributaria Delegación de Hacienda y ante la Tesorería General de la Seguridad Social” . El procedimiento derivado de esas denuncias terminó destapando un gran fraude a la Seguridad Social, que le costó una condena al presidente de la cooperativa, tal y como reproduce el propio informe pericial.
Esa condena fue publicada en 2021 por varios medios. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sentenció a Víctor Melián, presidente de Tele Taxi Isla de Tenerife, a tres años de prisión por fraude a la Seguridad Social y frustración de la ejecución, al considerar acreditado que dejó de pagar las cuotas sociales de los trabajadores entre 2013 y 2015, generando una deuda cercana a los 96.000 euros.
Intenta que el ayuntamiento pague por lo de la cooperativa
El informe pericial incorporado al expediente detalla una serie de amenazas presuntamente sufridas por el taxista desde Tele Taxi, así como una expulsión de la cooperativa que él mismo denunció como irregular por, presuntamente, haber falsificado su firma. Todos estos hechos, sumados a una Incapacidad Permanente Laboral, hicieron que el paciente quedara "con secuelas irreversibles y permanentes que marcará para siempre, el futuro vital del afectado y de su relación con su familia y allegados", según su informe psicológico.
El cuadro clínico que sustenta la reclamación patrimonial por daños morales no se basa exclusivamente en la inmovilización de su taxi en 2019, sino de un conflicto más amplio que incluye todos los hechos descritos, razón por la cual el Consejo Consultivo de Canarias concluye que el estado psicológico del reclamante responde a “un cúmulo de causas concatenadas —denuncias, querellas, procedimientos judiciales, revocación de licencia, etc.—” y considera que solo una parte del daño moral puede atribuirse a la actuación municipal de inmovilizar su taxi, fijando la incidencia de estos hechos en un 25% del total del perjuicio alegado .
El resto del sufrimiento descrito por los peritos queda vinculado a esa subtrama judicial que tuvo como protagonista a la dirección de Tele Taxi y que acabó con una condena penal contra su presidente.
Los daños del vehículo
Por otra parte, el conductor aportó presupuestos de reparación de 32.417,39 euros, alegando que el coche permaneció “tres años a la intemperie en el depósito municipal” y que sería necesario “poner todo nuevo para que el coche pueda circular de nuevo”. El taxista incluye en esta tanda el pintado completo exterior e interior del coche,el pintado del hueco del motor y bajos; la sustitución de faros delanteros y traseros; el cambio de lunas y cristales; el tapizado de techo, asientos, suelo, maletero y volante; y reparaciones mecánicas varias.
El expediente recoge que el taxi tenía al menos 18 años de antigüedad en 2019 y que, según las fotografías incorporadas de antes de su paso por el depósito, mantenía faros y lunas y presentaba un estado de pintura aparentemente correcto más allá de la suciedad acumulada. El análisis del Consultivo advierte, no obstante, de que la reparación debe limitarse a la reposición al estado previo y no a que quede como nuevo, ya que lo contrario podría suponer “un enriquecimiento injusto” del demandante y que su presupuesto aportado incluye "mejoras del vehículo que lo dejarían en una situación actualizada con respecto al estado en el que se encontraba antes de ser inmovilizado".
Responsabilidad reconocida
En la vía administrativa, el Ayuntamiento de Santa Cruz propuso estimar parcialmente la existencia de responsabilidad patrimonial y reconocer inicialmente una indemnización de 1.098,89 euros.
Pero el caso no ha terminado. El expediente recoge que el taxista iterpuso en 2024 un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, procedimiento en el que aún no ha recaído sentencia.