Al caer la tarde, Marcos Rivero, Ramón Domínguez y Juan Angulo —portavoces de la asociación de vecinos AVETAL— pasean por la calle Junco con un plano subrayado en fosforito. Cada giro de la ruta señala un futuro “espacio libre” y, con él, otra hilera de viviendas terreras marcadas para la piqueta.
«Estamos muy asustados», resume Rivero. «No tenemos dinero para pagar urbanistas ni abogados; nos jugamos el trabajo y el techo de varias generaciones».
Según el borrador municipal, la alternativa 2 —identificada como “propuesta de ordenación elegida” en la documentación técnica— afecta a 125 viviendas y a entre 700 y 800 residentes, la mayoría propietarios que autoconstruyeron sus casas en las décadas de 1960 y 1970. El plan libera grandes franjas para parques y equipamientos y, en paralelo, permite torres de hasta 16 plantas en parcelas limítrofes.
Presión inmobiliaria
Desde que se hizo público el expediente, los vecinos describen un goteo continuo de inmobiliarias que llaman “puerta a puerta” ofreciendo comprar edificios enteros. Las propuestas rondan los 250 000 € por fincas donde un piso recién construido supera los 280 000 €.
«Es un negocio redondo para las promotoras», lamenta Domínguez, «pero nosotros no podríamos volver a vivir aquí con esos precios».
El fenómeno no sorprende en Ciudad Alta: con la franja costera colmatada, la capital grancanaria impulsa la verticalidad como vía de crecimiento —bloques de 10, 16 e incluso 20 alturas— y rescata la vieja receta de “ganar suelo público” trasladando densidad a los nuevos rascacielos. La ecuación, temen los residentes, abre la puerta a la sustitución social: adiós a la casa terrera multigeneracional; hola a la vivienda «premium» con vistas.
El calendario oficial y la ventana para alegar
El Pleno municipal aprobó el 31 de enero el inicio de la modificación menor del PGO-2012. El expediente se encuentra ahora en evaluación ambiental estratégica simplificada, con 45 días de información pública que terminan el 5 de junio. A continuación vendrá la redacción urbanística, otro periodo de exposición y, promete el Área de Urbanismo, «un proceso participativo con vecinos y vecinas».
El concejal Mauricio Roque insiste en que «el contenido final puede ser una mezcla de las cuatro alternativas existentes» y pide “tranquilidad” porque «nada está decidido». Los afectados replican que la alternativa 2 figura ya como preferente en los planos y que cambiar líneas de color “cuando todo encaja como un puzle” no es tan sencillo.
«No somos arquitectos, pero tendremos que pagar uno»
Para presentar alegaciones consistentes, la plataforma calcula que necesitará contratar arquitectura urbanística, abogados y peritos independientes. El presupuesto se mide en miles de euros y la mayoría de los propietarios son pensionistas o trabajadores de renta media.
«Aquí nadie tiene 30 000 € en el banco», recuerda Angulo. «Nos piden que defendamos nuestra casa con un A-4 y planos ilegibles. La justicia es cara».
Espacios libres y corredor verde: la otra cara del proyecto
El Ayuntamiento explica que la modificación se integra en el “Corredor Verde Tamaraceite-Ciudad Alta”, una red de parques, conectores ecológicos y equipamientos que persigue renaturalizar 130 hectáreas, mejorar la biodiversidad y crear rutas peatonales continuas desde el Hospital Negrín hasta Tamaraceite.
En la práctica, la operación implica vaciar manzanas completas entre las calles Petunia, Bambú y Berrazal para abrir plazas, centros cívicos o un posible equipamiento sanitario. Los vecinos no discuten la necesidad de zonas verdes —el barrio carece de ellas—, pero preguntan por qué no se utilizan los grandes solares ya vacíos o los recientes descampados donde hoy se promocionan bloques de lujo.
Crónica de un arraigo que se resiste a marchar
Las Torres creció sin hipotecas ni promotores: casas de bloques levantadas por albañiles del propio barrio, negocios familiares que funcionan de boca a boca y una cultura comunitaria que todavía barre las aceras a falta de servicio municipal. Rivero señala su antigua ferretería, que han heredado sus hijos, con un almacén de 180 m² y cuatro viviendas sobre el local: «Si nos tiran, mis hijos —autónomos— no pueden alquilar un bajo a 3 000 € y empezar de cero».
Muchas de estas viviendas —algunas con apenas 20 años de antigüedad— son el fruto de décadas de trabajo de familias humildes, que han criado a varias generaciones entre la planta baja, la azotea y el taller. «Aquí en una casa pueden vivir los abuelos, los padres y los hijos», explican. La preocupación no es solo económica: el temor es perder una forma de vida, una red de apoyo y un barrio construido con las manos, no desde un despacho.
¿Expropiación o realojo?
El Ayuntamiento recuerda que, en caso de expropiación, la ley exige un justiprecio o un plan de reposición. Sin embargo, los precedentes del consistorio siembran desconfianza. «Un justiprecio catastral no compra ni la mitad de un piso nuevo», sentencia Domínguez.
La vida en pausa
Mientras el calendario institucional avanza, Las Torres sostiene la respiración. Cada mañana una vecina se pregunta si vale la pena repintar la fachada “por si la van a derribar”; un comerciante duda entre renovar el contrato de suministro o esperar a que la indemnización le obligue a bajar la persiana. El barrio es hoy un lugar donde el futuro cabe en una pregunta simple: ¿seguiremos aquí dentro de cinco años?
De momento, la única certeza es la duda. Pero los vecinos tienen clara una línea roja, expresada por Angulo antes de despedirse junto a la plaza de la Ascensión:
«Si el progreso exige tirar una sola de estas casas, no es nuestro progreso. Queremos que ningún vecino se que quede fuera».