El Juzgado de Instrucción n.º 2 ha ordenado el decomiso preventivo y cautelar de un edificio de apartamentos vacacionales, garajes y trasteros que pertenece a Miguel Ángel Padrón Hernández, exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e investigado en la pieza separada 5 del 'Caso Valka'.
La medida urgente se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales, cuyos indicios vinculan al funcionario con el empresario Felipe Guerra a través de un préstamo.
Contexto
Guerra financió la construcción de los apartamentos con un préstamo de 430.000 euros, al tiempo que su empresa ejecutaba un contrato de 750.000 euros para suministrar agua de riego a los barrios de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya. Ese servicio fue adjudicado por Parques y Jardines, con Padrón como responsable directo del expediente administrativo.
El 'Caso Valka' es un procedimiento penal amplio que investiga diversas tramas de corrupción municipal en Las Palmas de Gran Canaria, afectando principalmente a la empresa pública Geursa (Sociedad Municipal de Gestión Urbanística) y, con esta pieza, al departamento de Parques y Jardines.
Acabar con el lucro
El embargo del inmueble busca evitar la venta o enajenación de los bienes para asegurar la futura ejecución de la sentencia, además de neutralizar el beneficio económico vinculado a la supuesta actividad delictiva, pues los indicios apuntan que el préstamo es una simulación para camuflar un soborno a cambio de favores en la contratación pública.
Por eso se ha ordenado la intervención de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Se trata de un órgano de la Administración General del Estado que ayuda a la justicia a localizar, recuperar, administrar y vender los bienes y ganancias procedentes de actividades delictivas. Su finalidad, por tanto, es privar a los delincuentes de los activos obtenidos ilegalmente y utilizar esos recursos para indemnizar a las víctimas.
Es la primera vez en Canarias que se adopta una medida cautelar de este tipo contra un negocio de alquiler vacacional por cohecho y blanqueo de capitales. Esto implica que los ingresos generados por Flying La Palma irán a las cuentas del ORGA, que se hará cargo de esos depósitos hasta la finalización del proceso penal.
Préstamo a interés cero
El núcleo que fundamenta la petición del embargo se centra en el préstamo, que fue otorgado por la mercantil Guerra Patrimonial FGG S.L. a Padrón en 2019.
El contrato se pactó a un interés de Euríbor + 0%, sin un plazo fijo de amortización y con una devolución muy a largo plazo, hasta diciembre de 2035. Son, a juicio de los investigadores, unas condiciones irreales, carentes de lógica financiera, que esconden un soborno mediante la simulación de un préstamo destinado a dar apariencia de legalidad a la operación.
Nexo causal
También existe una correlación de actos y de fechas que confirman los indicios delictivos. El préstamo se concedió en mayo de 2019, e inmediatamente después, en junio de 2019, el funcionario Padrón firmó el pliego de prescripciones técnicas de una licitación pública por valor de 750.000 euros que fue adjudicada a la empresa de su prestamista, esto es, Guerra Patrimonial FGG.
Además, Padrón, como jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, fue el responsable del contrato, firmó el acta de inicio y certificó los pagos mensuales a Guerra Patrimonial.
Conflicto de intereses
Otro indicio contundente es la relación societaria previa entre Padrón y Guerra en la empresa Esvertical S.L., lo que agrava el conflicto de intereses y anula cualquier pretensión de imparcialidad por parte del funcionario.
Ambos investigados han omitido declarar tanto el préstamo como su sociedad común en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), una falsedad que podría constituir su exclusión de la contratación pública.
Padrón, de hecho, ha sido suspendido tres años de empelo y sueldo por tener una empresa a medias con Guerra y no comunicarlo al Ayuntamiento, incumpliendo el régimen de incompatibilidades.
Blanqueo
Entre la documentación encontrada por la Guardia Civil figuran transferencias realizadas para simular el préstamo y darle apariencia de legalidad al dinero. Es decir, fruto de esa dádiva, nace el negocio de los apartamentos vacacionales, que están siendo explotados comercialmente en Los Llanos de Aridane, con garajes, trasteros y cuatro suite de lujo.
La integración de ese dinero en el circuito de la economía conecta el soborno con el blanqueo de capitales. De ahí que la Fiscalía Anticorrupción reclamase el decomiso preventivo, evitando que la supuesta actividad delictiva se vuelva una operación rentable.