El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, de forma definitiva, la ordenanza municipal reguladora del servicio de saneamiento y vertidos, la primera en la historia de la ciudad.
La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, ha explicado en el pleno que la nueva norma regulará las condiciones de conexión a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales procedentes de instalaciones domésticas e industriales.
Regulación técnica y control de vertidos
La norma consta de cuatro capítulos, 62 artículos, varias disposiciones transitorias y finales, y un anexo que define, entre otras cosas, los vertidos prohibidos, las actividades sujetas a autorización o los valores máximos permitidos.
La ordenanza exige que las industrias nuevas, existentes o reformadas dispongan, además de las redes fecales y pluviales, de una red independiente para aguas de proceso, permitiendo su tratamiento separado si fuera necesario.
También se prohíbe el vertido directo o indirecto a la red de saneamiento de cisternas con aguas residuales domésticas o industriales, y se definen las infracciones y sanciones por incumplimiento.
Protección ambiental y planificación a largo plazo
La norma, ha dicho Medina, busca proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de la ciudadanía y del personal de los servicios relacionados, así como asegurar la conservación de las infraestructuras de saneamiento.
Ha recordado que esta ordenanza se suma a otras iniciativas del gobierno municipal para mejorar la gestión del agua, como el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, con una inversión superior a 850 millones de euros, cuyo objetivo es "renovar, modernizar y adaptar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad", o la actualización del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua, aprobada en el pleno de marzo.