El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido condenado a pagar una indemnización de 2.209 euros, más los intereses legales, a un usuario de patinete eléctrico que sufrió un accidente mientras circulaba por el carril bici de la calle León y Castillo, a la altura de la zona del Real Club Náutico. Así lo establece una sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la capital grancanaria.
El fallo estima parcialmente el recurso presentado contra la desestimación de una reclamación de responsabilidad patrimonial y concluye que el siniestro se produjo como consecuencia del deficiente estado de una rejilla de recogida de aguas pluviales situada dentro del propio carril bici, que no se encontraba en condiciones adecuadas para la circulación de vehículos de movilidad personal.
Lesiones
Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2023, cuando el afectado circulaba en dirección al Puerto y la rueda del patinete encalló en una alcantarilla mal ensamblada y con el contorno deteriorado, provocando su caída. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones en el brazo y una fractura en la cabeza radial, que requirieron 51 días de estabilización lesional, con baja laboral durante todo ese periodo.
La magistrada considera probado que existían anomalías evidentes en el entorno de la rejilla, apoyándose tanto en la documentación fotográfica incorporada al expediente como en los informes técnicos municipales. De hecho, el propio Ayuntamiento reconoció posteriormente que la tapa de registro y la red de pluviales se encontraban mal ensambladas, y que el arreglo se había realizado con mortero en un estado coincidente con el descrito el día del accidente.
Responsabilidad del usuario
La sentencia subraya que el carril bici debe ser transitable sin obstáculos ni deficiencias, especialmente al discurrir por la acera y estar destinado a patinetes eléctricos y bicicletas. En este sentido, rechaza el argumento municipal de que el desperfecto era visible y evitable, y recuerda la obligación del Ayuntamiento de mantener la vía pública en condiciones óptimas de seguridad, con independencia de que el usuario conozca el trazado.
No obstante, el juzgado aprecia una concurrencia de culpas y fija en un 30% la responsabilidad del propio conductor, al tratarse de un trayecto habitual y concurrido en el que debía extremar las precauciones. Por este motivo, la indemnización inicialmente reclamada, que ascendía a 3.156,39 euros, se reduce al 70%, quedando finalmente en 2.209 euros, cantidad que deberá abonar el Consistorio.
La resolución no impone costas procesales y declara que no cabe recurso, por lo que la condena es firme.
Otras denuncias
El caso resuelto ahora no es un hecho aislado. La documentación municipal revela que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria afronta otros procedimientos judiciales por caídas y accidentes relacionados con el mal estado del carril bici, algunos de ellos en la misma zona del entorno del Club Náutico.
En uno de esos expedientes, el propio Consistorio autorizó su personación judicial tras una reclamación por lesiones derivadas de una caída provocada por una rejilla de alcantarillado en mal estado, también en el carril bici. Al igual que en el caso ahora sentenciado, la reclamación fue inicialmente desestimada por silencio administrativo, lo que llevó al afectado a acudir a la vía contencioso-administrativa.
Foco recurrente
Además, en fechas recientes se ha admitido a trámite otro recurso judicial contra el Ayuntamiento por daños sufridos a consecuencia del deterioro del carril bici, en un procedimiento ordinario seguido ante otro juzgado de lo contencioso-administrativo de la capital. De nuevo, el origen del conflicto se sitúa en la falta de respuesta expresa a una reclamación patrimonial previa.
Estos procedimientos ponen de manifiesto una reiteración de denuncias vinculadas al mantenimiento de la infraestructura ciclista urbana, que han terminado judicializándose. El Ayuntamiento, en todos los casos, ha acordado su personación como parte demandada y la remisión íntegra de los expedientes administrativos, en un contexto en el que el estado del carril bici se ha convertido en un foco recurrente de litigiosidad municipal.