Trabajadores de FCC del servicio de recogida han exigido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria transparencia con los dos contratos de emergencias que están vigentes en la ciudad. Reclaman información como los ingresos percibidos por la empresa concesionaria o la estructura real de la plantilla.
La solicitud de los datos ha sido registrada por Fabio Rodríguez Velázquez, secretario de Medioambiente de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Gran Canaria, quien denuncia que todavía no ha recibido respuesta por parte del Consistorio capitalino.
Los contratos
Desde el sindicato ponen de manifiesto que la corporación municipal ha incumplido "su obligación de facilitar información esencial relativa a las contrataciones de emergencia del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos con la compañía FCC".
Merece la pena resaltar que uno de los acuerdos se suscribió en el año 2020 por la pandemia y el otro se firmó en octubre de 2025 a raíz de un informe de Salud Pública que advertía de una situación crítica en la capital grancanaria.
"Sin respuesta"
UGT detalla que han pedido la información en reiteradas ocasiones formalmente "sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna ni se haya dado cumplimiento a las solicitudes presentadas".
Entre los datos que requieren están los ingresos percibidos por la empresa concesionaria destinados a sufragar los gastos de personal vinculados a los contratos de emergencia. También quieren saber cuál es la estructura real de la plantilla y el número de empleados comprometidos en la concesión.
Categorías profesionales
Pero la cosa no queda ahí porque, además, demandan el listado nominal del personal adscrito al servicio, con indicación de las categorías profesionales reconocidas. Destacan que es fundamental saberlo porque es importante para las funciones de la representación legal de los trabajadores.
"Especialmente en el marco de negociaciones colectivas que implican sacrificios económicos, así como para la correcta organización de los servicios que se realizan a diario", subraya el sindicato.
Negociación
"Todo ello adquiere mayor relevancia cuando la dirección de la empresa fundamenta reiteradamente sus posiciones en las condiciones económicas y organizativas derivadas de la concesión administrativa suscrita con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria", prosigue.
UGT considera que la falta de acceso a los datos "impide el desarrollo de una negociación colectiva real, equilibrada y transparente, vulnerando los derechos de información y consulta de la representación de los trabajadores y dificultando gravemente el control del cumplimiento de la concesión administrativa y de la legalidad vigente".
"Un mayor control"
"El acceso a esta información permitiría", prosigue, "un mayor control sobre los vehículos y recursos movilizados, algo fundamental en un servicio que actualmente presenta graves deficiencias".
Por otro lado, el sindicato ha solicitado reuniones tanto con la alcaldesa como con el concejal, Héctor Alemán, con el objetivo de abordar la situación. Así como "garantizar que el servicio se preste en condiciones dignas y legales, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta".