El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado 30 órdenes de paralización de viviendas vacacionales entre enero de 2025 y abril de 2026, dentro de una estrategia de control que se ha intensificado en el último año.
Pese a ello, el impacto es limitado: en noviembre de 2025 había 2.995 viviendas vacacionales activas en la ciudad, lo que sitúa las paralizaciones en torno al 1% del total.
Corazón turístico de la ciudad
El análisis de los decretos permite trazar un mapa claro de la actuación municipal. Al menos 20 de las 30 paralizaciones —más de dos tercios— se concentran en el gran eje turístico que forman Las Canteras, Puerto, Santa Catalina, Mesa y López y Alcaravaneras.
Dentro de este ámbito destacan especialmente tres zonas. En el área de Las Canteras y Santa Catalina se registraron una decena de expedientes, con presencia reiterada de actuaciones. En el entorno Puerto–La Isleta se anotaron seis casos, vinculados a áreas con fuerte implantación histórica de vivienda vacacional. En el eje Mesa y López–Alcaravaneras se señalaron cinco casos, donde el fenómeno ha crecido en los últimos años.
Fuera de este perímetro, las paralizaciones son mucho más dispersas y puntuales, con casos aislados en otros barrios de la ciudad.
Este reparto confirma que la acción municipal no es homogénea, sino que se dirige a las zonas donde el alquiler vacacional tiene mayor presión sobre el mercado residencial.
Calles y operadores que se repiten
El patrón se refuerza al analizar el detalle. Varias calles acumulan más de un expediente, con dos vías que alcanzan tres paralizaciones cada una y otras siete con dos casos.
Además, algunos titulares o empresas aparecen en varios procedimientos, con distintas viviendas dentro de los mismos entornos urbanos, lo que apunta a la existencia de operadores con varias unidades en explotación.
2025, el año de mayor intensidad
La actividad municipal se concentra claramente en el pasado año. De las 30 paralizaciones, 26 se dictaron en 2025 y solo 4 en 2026, siendo septiembre el mes con mayor número de órdenes, con nueve.
Endurecimiento de las medidas
Las resoluciones siguen un esquema común: el Ayuntamiento concede un plazo de apenas dos días para cesar la actividad, con advertencia de sanción por infracción muy grave.
En los expedientes más recientes, además, se incorpora con mayor frecuencia la amenaza de clausura y precinto, lo que refleja un endurecimiento progresivo del control.
Recursos que no siempre prosperan
El documento recoge ocho recursos relacionados con la vivienda vacacional, varios de ellos vinculados directamente a órdenes de paralización.
A ello se suma otro factor: no todos los expedientes terminan en sanción o cierre, ya que en algunos casos han sido archivados por falta de pruebas suficientes sobre la actividad.
Fenómeno masivo
El balance es claro. El Ayuntamiento ha intensificado su intervención y la ha concentrado en las zonas más tensionadas, especialmente en el frente marítimo y su entorno.
Pero al mismo tiempo, el volumen del mercado y su expansión hacen que ese esfuerzo tenga un alcance limitado, en un escenario donde la administración actúa de forma selectiva frente a un fenómeno mucho más amplio y extendido.