El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido actuar de forma directa sobre el mercado inmobiliario local con la implementación de diez medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Este asunto representa el principal problema para más del 40 % de la ciudadanía de la capital grancanaria. Entre las acciones más destacadas para optimizar los recursos actuales, el consistorio otorgará a su sociedad de urbanismo, Geursa, la facultad de ejercer el derecho de usufructo temporal y actuar como casero para ofrecer alquileres asequibles.
Para combatir la actual emergencia habitacional, el grupo de gobierno local, conformado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos, contempla que la administración adquiera edificios enteros destinados al alquiler, utilizando fondos propios u otras fuentes de financiación. Además, se buscará aumentar el suelo público y privado disponible para construir viviendas protegidas, con el objetivo de sumar al mercado las 4.000 viviendas que se calculan viables en suelos urbanos y urbanizables de la ciudad.
Nuevas fórmulas de gestión
La corporación municipal también solicitará a la comunidad autónoma la delegación de competencias para ejercer el derecho de tanteo y retracto para la adquisición preferente frente a determinados propietarios, o bien, exigirá que el propio Gobierno canario ejerza esta potestad.
Paralelamente, se impulsarán modelos alternativos como las cooperativas y las viviendas colaborativas, y se pondrá en marcha un observatorio municipal de la vivienda a mediados de este año para poder contar con datos oficiales y precisos del mercado inmobiliario local, combatiendo así la actividad especulativa.
Presión al Gobierno autonómico
La alcaldesa Carolina Darias, junto a sus socios Pedro Quevedo y Gemma Martínez, ha urgido nuevamente al Gobierno de Canarias a declarar la capital como zona tensionada. El Ayuntamiento asegura reunir tres de los cuatro requisitos exigidos, y esta figura legal permitiría reducir los precios de los alquileres entre un 5 % y un 6 %.
La corporación celebra que el Ejecutivo de Fernando Clavijo haya requerido recientemente más documentación sobre este expediente, evitando su caducidad y manteniendo viva una herramienta vital para limitar la proliferación turística.
Frenar la vivienda vacacional
Otro de los grandes frentes de este plan es la contención de los alquileres turísticos. El consistorio aspira a devolver al mercado residencial tradicional parte de las 25.000 viviendas vacías de la ciudad y limitar el crecimiento de las 5.000 viviendas vacacionales que operan actualmente. Los responsables municipales han criticado que la Ley de Usos Turísticos de la Vivienda de Canarias propició una eclosión del sector al no aplicar moratorias, y que además encomienda labores de inspección a los ayuntamientos sin dotarles de financiación.
Como respuesta, se impulsarán ordenanzas provisionales para establecer nuevos porcentajes de reserva o modificar la ordenanza de edificación para prohibir la creación de nuevos pisos turísticos.