El Gobierno central ha activado la maquinaria administrativa para depurar el mercado del alquiler vacacional, una medida que impacta de lleno en el sector turístico de las Islas. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas digitales la existencia de 13.726 viviendas turísticas y temporales ilegales en Canarias, exigiendo la retirada obligatoria de sus anuncios. La región se sitúa así como la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de fraude detectado a través de la Ventanilla Única Digital, solo superada por Andalucía y la Comunitat Valenciana.
Esta acción es consecuencia directa de la normativa que, desde el pasado mes de julio, obliga a disponer de un número de registro de alquiler de corta duración. Según detalla la cartera dirigida por Isabel Rodríguez, los inmuebles señalados solicitaron dicho código, pero este les fue denegado al no cumplir con los requisitos legales exigidos para su comercialización. Ahora, tras el cruce de datos entre el Ministerio y el Colegio de Registradores, se ha procedido a ordenar la eliminación de esta oferta sumergida de los portales web.
El mapa del fraude en el archipiélago
La distribución geográfica de las licencias revocadas señala directamente a los motores económicos del Archipiélago. El municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana lidera el ranking regional de irregularidades con un total de 1.056 solicitudes denegadas. Esta cifra lo coloca entre las localidades con mayor número de pisos vetados de todo el Estado, compartiendo lista con grandes capitales y destinos de costa peninsulares.
En la isla de Tenerife, la presión inspectora se concentra en el sur. Adeje, con 1.019 peticiones rechazadas, y Arona, con 942, figuran como los puntos con mayor incidencia de alojamientos que no han superado el filtro administrativo. Por su parte, en la provincia oriental también destacan los datos de Fuerteventura, donde La Oliva iguala las cifras de Arona con 942 expedientes tumbados, y los de la capital, Las Palmas de Gran Canaria, que suma 811 viviendas cuya comercialización ha sido bloqueada por el Ministerio.
Contexto nacional y anomalías
A nivel estatal, la intervención ha sacado a la luz un total de 86.275 anuncios ilegales. Aunque Canarias acumula una parte significativa, Andalucía encabeza la tabla con gran diferencia al registrar 21.872 revocaciones, seguida por la Comunitat Valenciana con 14.387. En el desglose por tipología, el 78% de las solicitudes nacionales corresponden a alquiler turístico puro, mientras que el 22% restante se declara como de temporada. Sin embargo, los inspectores han detectado una "gran anomalía" en la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las peticiones intentaban registrarse bajo la modalidad de temporada.
Desde el Ministerio defienden que esta operación busca preservar la función social de la vivienda y corregir las distorsiones del mercado. El Gobierno sostiene que la operación irregular de estos alojamientos provoca una subida exagerada de los precios, fomenta la gentrificación y expulsa a las familias de sus barrios. Con la retirada masiva de estos anuncios, el objetivo final es que gran parte de estas propiedades retornen al mercado del alquiler residencial, aliviando así la tensión de precios en las zonas más demandadas