El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha formalizado este lunes el nombramiento de Noemí Naya como interventora general, primera clase, un puesto clave para la fiscalización y el control interno de las cuentas municipales.
El Consistorio destaca que la designación responde a la necesidad de reforzar la supervisión económica y garantizar la correcta administración de los recursos públicos, en un momento de elevada carga de trabajo en el área de Intervención. El puesto de interventora general no se limita a la revisión de las cuentas, sino que constituye una pieza central de la administración local, ya que todos los expedientes con implicación económica o administrativa pasan por la Intervención, encargada de fiscalizar su legalidad, el cumplimiento de la normativa y la correcta utilización de los fondos públicos antes de su tramitación definitiva.
Naya es funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional desde 2005 y cuenta con una amplia trayectoria en órganos económico-financieros de distintos ayuntamientos de la provincia de Las Palmas, entre ellos Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Arucas, Mogán y la propia capital. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña y ha completado su formación con numerosos cursos especializados en contratación pública, subvenciones, contabilidad y gestión financiera.
Investigada por la Fiscalía
El nombramiento se produce mientras Noemí Naya figura como investigada por la Fiscalía en relación con un congreso de habilitados nacionales celebrado en Maspalomas en 2022, conocido públicamente como el congreso de lujo de Maspalomas. La investigación se centra en la posible existencia de irregularidades en la organización y financiación del evento, cuando Naya ejercía funciones en otra administración local.
Se trata de un procedimiento ajeno al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que se encuentra en fase de investigación, sin que exista por el momento resolución judicial firme.
Desde el Consistorio capitalino subrayan que el acceso al puesto se ha realizado conforme a la normativa vigente y que la Intervención General es un órgano técnico, llamado a garantizar la legalidad y el control del gasto público municipal.