El Partido Popular (PP) ha tomado una posición extrema frente a la crisis que golpea al área de Urbanismo en la capital grancanaria por el caso Valka. El portavoz del grupo municipal de los populares, Gustavo Sánchez Carrillo, anuncia la congelación de su apoyo a la gestión del suelo del grupo de gobierno tras el último informe de la Guardia Civil, que revela la existencia de una red paralela en Geursa para facilitar negocios privados con información privilegiada. 

"A raíz del caso Valka, llevaremos al Pleno de junio una moción para exigir garantías, transparencia y control en Urbanismo. Hasta entonces no apoyaremos un solo expediente urbanístico que pueda estar afectado por la presunta trama que operaba en Geursa", expuso Sánchez en la Comisión de Pleno de Urbanismo, Vivienda, Desarrollo Sostenible y Movilidad celebrada este martes. 

El principal partido de la oposición aumenta así la presión sobre la gestión del suelo en Las Palmas de Gran Canaria. El último informe del Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Guardia Civil pone bajo sospecha un catálogo masivo de proyectos que el ex coordinador de Urbanismo José Manuel Setién controlaba en remoto desde su domicilio a través de una red VPN fraudulenta.

El mapa de los expedientes

La advertencia del PP sitúa en el punto de mira político y técnico una lista de asuntos, promociones y unidades de actuación que Setién monitorizaba de forma ilícita para favorecer a su "red de empresas" y a sus "clientes predilectos", según el informe de la Benemérita. Entre las actuaciones bajo sospecha destacan:

• Gasolinera Plenoil: Los agentes han detectado maniobras informáticas y administrativas para forzar el traslado de este asunto de área, con el fin de modificar un paso de peatones que afectaba a los intereses comerciales de la familia Guerra.

• Supermercados Aldi: Los mensajes de Setién revelan gestiones en la sombra para sortear las normas urbanísticas que impedían al promotor privado exceder el 50% de ocupación de la parcela.

• Proyecto Pozo el Drago: Los investigados hablan de la extracción de licencias y planos técnicos para la legalización y ejecución de dos depósitos industriales en el Barranco de Tamaraceite.

• Unidad de actuación Mayordomía y Llanos de Guinea: Desvío de documentos confidenciales de ordenación estructural del PGO sobre esta cotizada bolsa de suelo residencial.

• Sector 4, Polígono 2 de La Galera: Fiscalización de escrituras privadas y remisión de actas oficiales referentes al cobro de justiprecios fijados por expropiaciones municipales.

Esos cinco expedientes afectan al empresario Felipe Guerra y se concentran en Tamaraceite, pero el rastro digital de la VPN también acredita el interés prioritario y la extracción de datos de licencias de obra menor y mayor, modificaciones del Plan General de Ordenación (PGO) en Almatriche y Ciudad Alta o promociones de viviendas localizadas en zonas como Lomo Apolinario, San Francisco de Paula, La Feria, La Naval y la Fábrica de Hielo, la calle León y Castillo y un edificio proyectado en Guanarteme (AD-16 Mesa y López), donde se produjo un acceso ilegal a las bases de datos municipales para estudiar los informes técnicos sobre las rasantes oficiales de la Plaza de América en beneficio del proyecto privado.

Pleno a la vista

Con este inventario de sospechas sobre la mesa, la moción que el Grupo Popular elevará al próximo Pleno ordinario busca forzar una auditoría interna profunda y un cambio de raíz en los protocolos de control informático y de custodia de expedientes dentro de Geursa y la gerencia de Urbanismo.

La negativa del PP a convalidar cualquier expediente susceptible de haber sido "tutorizado" por Setién tras su jubilación, así como la exigencia de medidas para revisar estos asuntos, no ha gustado al concejal del área, Maurico Roque, que tachó a Sánchez de "irresponsable" por sembrar dudas sobre los empleados públicos y la tramitación de los proyectos, afeándole que carece de la capacidad técnica necesaria para interpretar correctamente las alusiones hechas por la Guardia Civil sobre las actuaciones municipales.

Roque, además, recordó al portavoz del PP que las diligencias judiciales son reservadas hasta la apertura de juicio oral, incurriendo en sanciones de hasta 10.000 euros quien las filtre o las difunda. Por eso recomendó a su opositor prudencia y "paciencia" hasta que lleguen las resoluciones judiciales firmes, no los indicios detectados en la fase de instrucción.

Sánchez, en cambio, considera que la situación es "muy grave" y urge una revisión urgente de los expedientes. El choque en el próximo pleno municipal está servido.