El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha formalizado este viernes su rechazo frontal al proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 presentando una enmienda a la totalidad. La portavoz de la formación, Jimena Delgado, ha calificado el documento económico como una herramienta desfasada que consolida un modelo de gestión basado en una alta presión fiscal sin un retorno tangible en los servicios públicos.

Según los populares, las cuentas presentadas por el gobierno municipal confirman una "vocación recaudatoria" que no se traduce en mejoras para los barrios, evidenciando una desconexión entre el dinero ingresado y la inversión real.

El análisis económico realizado por el Partido Popular destaca un desequilibrio notable en las previsiones financieras del consistorio. Mientras que los ingresos totales crecen un 7,28%, la recaudación por impuestos y tasas experimenta un aumento mucho más agresivo del 14,92%, pasando de los 259,4 a los 298,2 millones de euros.

Delgado ha subrayado que esta capacidad para acumular recursos contrasta con la parálisis en la gestión, señalando que el Ayuntamiento mantiene un saldo medio en tesorería superior a los 815 millones de euros, una cifra que, a juicio de la oposición, demuestra que el gobierno local prioriza "hacer caja" antes que ejecutar proyectos transformadores.

Brecha millonaria en las cuentas

Uno de los puntos más críticos señalados en la enmienda es la incapacidad del gobierno municipal para ejecutar el gasto presupuestado. Los datos del avance de liquidación de 2025 arrojan una diferencia de 90 millones de euros entre lo recaudado, que ascendió a 499 millones, y lo efectivamente gastado, que se quedó en 409 millones.

Esta falta de ejecución tiene un impacto directo en la economía local, ya que impide que los recursos públicos se conviertan en obras. Para Delgado, no tiene utilidad anunciar cifras récord si el dinero se queda en los bancos generando intereses financieros, estimados en más de 18 millones, en lugar de destinarse a aliviar la carga fiscal de las familias.

La gestión de los tiempos administrativos también ha sido objeto de crítica. El presupuesto se aprobó inicialmente el 27 de enero de 2026, acumulando un retraso de tres meses respecto al calendario fijado, que marcaba octubre de 2025 como fecha límite. Esta demora implica que las cuentas no entrarán en vigor real hasta marzo, perdiendo el primer trimestre del año para licitar nuevas inversiones. Además, el PP advierte que el documento incluye un aumento en la partida destinada a intereses de demora, que sube hasta los 5,4 millones de euros, un coste derivado del pago tardío de facturas.

Tasa de basuras y vivienda

Dentro del capítulo de ingresos, el incremento más llamativo se encuentra en la tasa de recogida de residuos. Según detalla el Partido Popular, la recaudación prevista por este concepto se dispara un 2.275%, pasando de 1,35 millones a más de 32 millones de euros. Este aumento exponencial de la presión fiscal no se corresponde, según la oposición, con una mejora en el servicio de limpieza, que sigue externalizándose ante la falta de personal propio y recurriendo a contratos de emergencia.

En materia de vivienda, la enmienda popular alerta sobre la ineficacia de las políticas actuales. Aunque el presupuesto del área crece nominalmente, gran parte de ese aumento se destina a transferencias a la sociedad municipal Geursa para cubrir sobrecostes y modificados de obras que acumulan retrasos. Delgado ha afirmado que en este mandato no se entregará ninguna de las 1.000 viviendas prometidas, y ha denunciado que las ayudas al alquiler se mantienen congeladas en 1,5 millones de euros, dejando fuera a cientos de solicitantes.

Desplome de la inversión externa

Otro de los aspectos que preocupan al PP es la caída en la captación de financiación de otras administraciones. Las transferencias de capital se reducen un 44,11%, con un descenso especialmente acusado de los fondos provenientes del Cabildo de Gran Canaria, que caen un 82,38%. A esto se suma la pérdida de subvenciones europeas Next Generation por valor de millones de euros debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos de ejecución exigidos por Bruselas en proyectos clave como la MetroGuagua o la rehabilitación de viviendas.

La enmienda a la totalidad solicita la devolución del proyecto presupuestario para su reformulación completa. El PP exige unas cuentas que abandonen la política de acumulación de tesorería y se centren en una ejecución realista que priorice los servicios básicos, la seguridad y el mantenimiento de la ciudad, áreas que consideran abandonadas pese al incremento de la recaudación.