El Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para solicitar la nulidad de la ordenanza fiscal que regula la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que carece de proporcionalidad y transparencia y que supone un “recibo a ciegas” para los contribuyentes.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, anunció este viernes la iniciativa judicial y calificó la tasa como “el tasazo” del gobierno municipal de Carolina Darias (PSOE). Según explicó, el origen del problema está en la forma en la que el Gobierno de España ha transpuesto la normativa europea sobre residuos, “eligiendo el camino más fácil para la Administración y el más duro para la ciudadanía”, al trasladar el coste a los ayuntamientos mediante una tasa.

Delgado criticó que en Las Palmas de Gran Canaria la ordenanza se haya aplicado “sin sensibilidad social ni ambiental”, con recibos que, en muchos casos, rondan los 150 euros anuales, hasta el punto de que algunos vecinos “pagarán más por la tasa de basura que por el IBI”.

Falta de justificación del coste

La portavoz popular señaló que el recurso se apoya, entre otros aspectos, en que el Ayuntamiento no ha acreditado con el rigor necesario el coste real del servicio ni cómo se determina la cuantía que se repercute a la ciudadanía. “La ley es clara: una tasa no puede superar el coste del servicio. Pero no existe un estudio serio y desglosado que diferencie costes directos e indirectos ni que explique qué parte corresponde a viviendas, comercios, hoteles u otras actividades”, afirmó.

En este sentido, sostuvo que si el contribuyente no puede saber con claridad “qué paga y por qué lo paga”, la tasa resulta injusta y carente de transparencia.

Críticas a la proporcionalidad 

El PP también cuestiona el diseño de la ordenanza por entender que rompe el principio de proporcionalidad, al tratar como iguales realidades muy distintas. Delgado reprochó que no se tengan en cuenta criterios como el valor catastral, la superficie, el uso del inmueble o el número de ocupantes, lo que, a su juicio, genera resultados descompensados.

Asimismo, rechazó que el Ayuntamiento presente la tasa como un sistema de “pago por generación”, al no existir una medición individualizada de residuos por vivienda o actividad, sino cálculos basados en promedios y estadísticas generales. A ello sumó las bonificaciones ligadas al uso del quinto contenedor, “cuando ni siquiera está implantado en la mayoría de los barrios”, lo que considera una fuente adicional de desigualdad.

Más presión fiscal

La portavoz popular vinculó este incremento de la presión fiscal con la situación de la limpieza en la ciudad. “Mientras se aprueba este tasazo, lo que vemos en la calle es que la limpieza no mejora, sino que ha empeorado”, afirmó, recordando que el propio Ayuntamiento llegó a declarar una emergencia sanitaria para formalizar un contrato de emergencia en este servicio.

Delgado concluyó que el PP defiende una gestión moderna de los residuos y el cumplimiento de los compromisos europeos, pero “con criterios justos, transparentes y bien explicados”, y rechazó que se conviertan en “un nuevo castigo fiscal” para familias y pequeñas empresas. “Las Palmas de Gran Canaria merece una ciudad más limpia, pero también un Ayuntamiento más justo”, sentenció.