El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto el foco nuevamente en la gestión económica de la ciudad. Su portavoz, Jimena Delgado, ha exigido este lunes a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), que aclare de "forma inmediata" si la Sociedad de Promoción está recurriendo al uso de pagarés para abonar bienes y servicios a sus proveedores.
La oposición sospecha que esta entidad, de capital 100% público, podría llevar meses utilizando esta modalidad de pago debido a una presunta falta de disponibilidad de tesorería.
Desde la formación popular advierten de la gravedad del asunto si se confirma que el Ayuntamiento está aplazando obligaciones con empresas que prestan servicios a la ciudad. Para esclarecer la situación, el PP ha registrado una solicitud formal de acceso a la información. El objetivo es conocer si la sociedad municipal está empleando estos instrumentos financieros, el importe total que estaría comprometido bajo esta fórmula, los plazos de vencimiento previstos y qué empresas se estarían viendo afectadas por esta gestión de los cobros.
Dudas sobre la solvencia
La preocupación del grupo municipal se acentúa tras el incremento de fondos que ha recibido la entidad. Delgado ha subrayado que la Sociedad de Promoción ha experimentado un notable aumento presupuestario desde la llegada del PSOE al gobierno local, sumado a diversas modificaciones de crédito aprobadas para inyectar liquidez. A juicio de la portavoz, resulta contradictorio que, contando con mayores aportaciones económicas, la solvencia de la empresa pública esté en entredicho en lugar de mostrar una mayor normalidad en los pagos.
Esta inquietud cobra mayor relevancia ante la inminencia del Carnaval, uno de los periodos de mayor intensidad en la contratación pública de la ciudad. La activación de la logística, suministros y servicios para las fiestas requiere agilidad administrativa y garantías de cobro.
En este sentido, Delgado cuestiona cómo se están licitando y adjudicando los nuevos contratos en un contexto de supuestas tensiones de tesorería y si el consistorio está en disposición de garantizar a las empresas adjudicatarias que cobrarán en tiempo y forma.
Déficit y deuda acumulada
La exigencia de transparencia se produce en un escenario financiero complejo para la entidad. Durante el Consejo de Administración celebrado el pasado 27 de marzo de 2024, la aprobación de las cuentas de 2023 reveló un déficit de 3,2 millones de euros y una deuda acumulada con proveedores que ascendía a 7,1 millones de euros, lo que supuso un incremento de más de dos millones respecto al ejercicio anterior. Asimismo, el Periodo Medio de Pago a proveedores se situó en 65,22 días, muy por encima de los 36 días registrados en 2022.
A las cifras puramente económicas se suma la situación judicial que atraviesa la empresa pública. La Fiscalía Anticorrupción mantiene una investigación abierta que ha derivado en una querella contra la actual gerente por presunta prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. A pesar de que el PP ha solicitado su dimisión, Darias ha mantenido a la directiva en su puesto.
Delgado ha recordado que también existen deudas pendientes con la Agencia Tributaria Canaria por el impago del IGIC, cifradas en casi 600.000 euros, insistiendo en que la ciudad no puede permitirse "más sombras" en la gestión de sus fondos públicos.