La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha exigido al grupo de gobierno municipal (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) la creación de un plan integral para proteger los comercios y espacios emblemáticos de la capital. Su petición llega tras conocerse la advertencia de precinto a la panadería Miguel Díaz, fundada en 1920 y ubicada en el barrio de Triana, que podría verse obligada a paralizar su actividad a partir del 17 de octubre.

Delgado alertó de que “no ha cerrado, pero si una panadería centenaria se enfrenta al precinto por trámites que pudieron prevenirse o acompañarse mejor, está en riesgo un pedazo de nuestra historia”. La edil insistió en que la capital “atesora una gran cantidad de espacios que forman parte de la idiosincrasia de la ciudad”.

Catálogo de oficios tradicionales

La dirigente popular recordó que en enero el PP ya propuso elaborar un catálogo de comercios emblemáticos, oficios tradicionales, cafés históricos y talleres familiares “que han dado vida a nuestras calles durante generaciones”. Sin embargo, lamentó que “desde entonces ha cerrado el Café Madrid y ahora amenaza con hacerlo esta panadería de Triana”.

“Si sucumben, perdemos identidad. Hablamos de vínculos, de memoria colectiva, de la economía que sostiene el tejido social de los barrios”, añadió Delgado, que defendió que la protección del patrimonio urbano debe extenderse a los “usos vivos de la ciudad”, no solo a los edificios catalogados.

Medidas para la regularización

El PP propone un dispositivo técnico-jurídico que facilite la regularización de negocios tradicionales mediante una ventanilla única de licencias, plazos transitorios realistas y protocolos de mediación en casos de conflictos vecinales por ruidos o emisiones. “Las obligaciones legales se cumplen mejor cuando la administración ayuda y establece calendarios razonables, no cuando aparece solo en el último minuto para pedir el precinto”, subrayó Delgado.

Asimismo, plantea un paquete de incentivos fiscales y ayudas a la modernización para la adecuación técnica de estos establecimientos —como extractores, insonorización o eficiencia energética— y prioridad en las convocatorias públicas destinadas a negocios con valor patrimonial.