El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una resolución que obliga al cese inmediato de la actividad de la panadería Miguel Díaz, situada en la calle Viera y Clavijo, frente al Teatro Cuyás, tras constatar que el establecimiento no cuenta con licencia municipal de apertura pese a que lleva en funcionamiento más de un siglo —desde 1920, en concreto— ni con la declaración responsable exigida para su funcionamiento. La orden, firmada por la Dirección General de Edificación y Actividades, concede un plazo de dos días para proceder al cierre voluntario, con advertencia de clausura y precinto en caso de incumplimiento.
La decisión llega tras una denuncia presentada por la Comunidad de Propietarios del Edificio Kühner, que alertó de las molestias causadas por cenizas y hollín procedentes de la chimenea del obrador. El expediente municipal ha sido tramitado por el Servicio de Edificación y Actividades, cuyo informe concluye que el negocio “carece de cualquier título habilitante para su apertura y funcionamiento”.
Falta de licencia
Según el informe jurídico, la inspección municipal verificó que no existe registro alguno de licencia de apertura para la panadería ni se ha presentado declaración responsable alguna que permita su actividad. “Aunque la denuncia inicial se refiera a molestias vecinales, de oficio se constata una infracción contra el orden jurídico de mayor gravedad: la inexistencia de título habilitante”, señala el documento.
La propietaria de la panadería presentó alegaciones y aportó como prueba un recibo de pago al Ayuntamiento del año 1990, pero la administración considera que dicho documento “no faculta en modo alguno para el ejercicio de la actividad”. El consistorio recuerda que el pago de tributos o la tolerancia municipal no implican la concesión tácita de una licencia, y que cualquier actividad ejercida sin ella se considera “clandestina”.
Pese a la falta de licencia, la panadería Miguel Díaz ha permanecido abierta desde 1920, lo que la convierte en uno de los negocios más antiguos del centro de la ciudad. Durante décadas ha sido un referente del barrio, conservando su horno tradicional y su carácter familiar.
Medidas y jurisprudencia
El Ayuntamiento cita además varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan el cese inmediato de actividades sin licencia, señalando que la administración “está obligada a impedir que se prolongue en el tiempo la trasgresión de los límites impuestos por la convivencia social”. Asimismo, advierte que no es posible admitir medidas correctoras, como las propuestas por la propietaria para la chimenea, cuando el negocio carece del amparo legal necesario.
La resolución, firmada por la directora general de Edificación y Actividades, y refrendada por el jefe del Servicio de Edificación y Actividades, establece que el cierre deberá efectuarse antes del viernes 17 de octubre de 2025, salvo que se presente recurso de reposición o contencioso-administrativo.
Recurso posible
La resolución municipal informa a la interesada de que podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, o acudir directamente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas en un plazo de dos meses. No obstante, el procedimiento no suspende la obligación de paralizar de inmediato la actividad mientras se resuelve el recurso.
Con esta decisión, el Ayuntamiento refuerza su política de control y legalidad sobre los establecimientos comerciales del municipio, recordando que el cumplimiento de las normas urbanísticas y de convivencia es “indispensable para garantizar la seguridad, la salubridad y la tranquilidad vecinal” en Las Palmas de Gran Canaria.