El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha defendido este jueves que el desahucio de una mujer con dos hijos de una vivienda del barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, se llevó a cabo con todas las garantías legales. Según ha afirmado, el procedimiento respetó de forma "escrupulosa" la legalidad.
Avello se ha pronunciado después de las críticas del colectivo Derecho al Techo y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la actuación de la comisión judicial que ejecutó el lanzamiento el pasado martes, pese a la existencia de un informe municipal de vulnerabilidad que pedía paralizarlo.
En declaraciones a los periodistas, el presidente del TSJC ha recordado que los jueces son imparciales e independientes y ha precisado que, por ocupar ese cargo, "no es el jefe de nadie", en alusión a las críticas dirigidas a la comisión judicial.
Una sentencia firme
Avello ha explicado que el procedimiento se inició a raíz de una demanda de tutela judicial presentada por el propietario de la vivienda, en virtud de un contrato de arrendamiento que terminó con una sentencia firme dictada con todas las garantías.
El presidente del TSJC ha señalado que, en un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales deben ejecutarse. Sobre el informe de vulnerabilidad presentado por el Ayuntamiento, ha reconocido que desconoce si la jueza consideró que no era necesario o que no se había presentado en el momento procesal oportuno.
No obstante, ha defendido que, si la magistrada decidió seguir adelante con el lanzamiento, fue porque "legalmente estaba obligada". También ha insistido en que los jueces deben aplicar e interpretar las leyes aprobadas por el poder legislativo.
Rechaza las decisiones bajo presión
El presidente del TSJC ha asegurado que ningún juez se levanta voluntariamente con la intención de expulsar a una persona de su casa y ha reconocido que estas decisiones no son fáciles.
A su juicio, se trata de un conflicto entre el propietario que quiere recuperar su vivienda y la persona que no desea abandonarla. Ante esa situación, ha explicado, corresponde al juez resolver mediante la aplicación de la normativa vigente.
Avello ha añadido que, cuando una sentencia no se cumple voluntariamente, la ley contempla el recurso a medidas coercitivas. Ha citado como ejemplo los embargos de cuentas en casos de impago y ha recordado que la legislación vincula tanto al propietario como a la inquilina.
"Sería muy injusto que se adoptaran decisiones bajo presión o bajo determinadas circunstancias", ha afirmado. En este sentido, ha defendido que el cumplimiento de las resoluciones judiciales, con independencia de la presión social o de las circunstancias particulares de cada caso, constituye una garantía del Estado de Derecho.
Por último, ha pedido "transmitir tranquilidad" y ha sostenido que lo ocurrido con esta familia responde al funcionamiento ordinario del sistema judicial y que el procedimiento contó con las garantías necesarias para ajustarse a la legalidad.
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