El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado que se suspendan unas obras llevadas a cabo por Rafael Hernández, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en el Archipiélago (COAG), porque no tienen licencia. El 2 de marzo de 2022 pidió permiso al Consistorio para levantar un edificio de servicio social y albergue para la Asociación Oportunidades de Vida, entidad en la que está al frente. Además, el 17 de septiembre de 2020 solicitó ampliar la Iglesia Evangélica de la que es pastor en El Fondillo (Tafira), pero se lo denegaron.
La Corporación municipal le notificó que había una serie de deficiencias técnicas y no podía permitir que los trabajos se desarrollaran. La última resolución, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, detalla que los problemas no se han resuelto a día de hoy. Aún así, Hernández decidió continuar adelante con las obras.
Una inspección
En el documento se detalla que el Ayuntamiento llevó a cabo una inspección técnica en el número 5 de la calle Camilo José Cela. En ese momento constató “la ejecución inacabada de obras de construcción de tres plantas de altura bajo rasante con volúmenes adicionales sobre cubierta plana transitable”. La de ampliación ya está terminada y en uso sin contar con la debida autorización.
El texto expone que la construcción que todavía no ha llegado a su fin, de formato rectangular, ocupa una superficie de planta estimada de 400 m2. “Actualmente se encuentra con la estructura y los cerramientos exteriores aparentemente terminados y, tanto las carpinterías, como los revestimientos exteriores”, manifiesta.
Podrían ser legales
El Consistorio, en el informe emitido el pasado viernes, resalta que las obras podrán ser legalizadas “siempre y cuando se cumpla la legislación y normativa de aplicación”.
Desde la Corporación consideran que son “de gran entidad y trascendencia” por su volumen y haberse ejecutado sin los títulos habilitantes. Es decir, de manera ilegal. Por eso pide que se precinten no solo los trabajos, sino la maquinaria y los materiales que les afectan.
Consecuencias si no cumple
Los enseres se retirarán en algún depósito “en caso de ser desatendida la citada orden de suspensión, corriendo por cuenta del promotor, propietario o responsable los gastos de la retirada y el depósito”.
Si Hernández no cumple con la resolución del Consistorio se podrá enfrentar hasta a 10 multas coercitivas por un importe de entre 200 y 2.000 euros. No solo eso porque también tendría por delante una ejecución subsidiaria por parte de la administración y a costa del responsable.
El documento lo firma la directora general de Edificación y Actividades, María Gracia; el secretario general técnico de la Junta de Gobierno, Domingo Arias; y el jefe de servicio de Protección del Paisaje, Héctor Romero.