El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que afrontar un pago total de 491.898,58 euros a la empresa Eulen SA como consecuencia de una sentencia firme que resuelve un largo litigio por el retraso en el abono de facturas del servicio de mantenimiento de la red de huertos urbanos y del centro de recursos ambientales.
De esa cantidad total, 361.886,38 euros corresponden al principal de la deuda, mientras que 130.012,20 euros se derivan únicamente de los intereses de demora, generados por el incumplimiento de los plazos de pago por parte del Ayuntamiento. A esta cifra se sumaron además 920 euros en concepto de costes de cobro, ya satisfechos con anterioridad.
Conflicto judicial
El conflicto arranca del contrato que estuvo en vigor entre el 1 de diciembre de 2020 y el 31 de octubre de 2022, periodo durante el cual la empresa prestó el servicio municipal de conservación y mantenimiento de los huertos urbanos y del centro de recursos ambientales. La acumulación de facturas impagadas —en ese momento estaba al frente del área Belén Hidalgo (Podemos)— dio lugar al procedimiento judicial, que terminó con una sentencia totalmente desfavorable para el Consistorio.
El fallo declaró nula una resolución municipal previa, reconoció el derecho de la empresa a percibir el importe íntegro reclamado y condenó al Ayuntamiento al pago del principal, los intereses legales por demora y las costas procesales dentro de los límites fijados por el órgano judicial.
La sentencia adquirió firmeza en noviembre de 2024, después de que el propio Ayuntamiento decidiera no recurrirla. Meses después se procedió al pago del principal, quedando pendiente únicamente la liquidación de los intereses, que ahora elevan sensiblemente la factura final soportada con fondos públicos.
Último pago
El pago de los 130.012,20 euros en intereses de demora ha sido finalmente autorizado por decreto del área de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, que dirige Gemma Martínez (Unidas Podemos), responsable política directa de los servicios vinculados al contrato.
El decreto reconoce expresamente la obligación de dar cumplimiento a la sentencia y ordena la disposición del gasto con cargo al presupuesto municipal, una vez obtenida la fiscalización favorable de la Intervención General.
Sobrecoste municipal
El caso evidencia cómo los retrasos en la gestión de pagos públicos no solo generan conflictos judiciales, sino que acaban traducidos en un importante sobrecoste económico para el Ayuntamiento. Solo en intereses, la deuda se ha incrementado en más de 130.000 euros, una cantidad que podría haberse evitado si los plazos de pago se hubieran cumplido en tiempo y forma.
En conjunto, el litigio ha terminado suponiendo para las arcas municipales prácticamente medio millón de euros, por un contrato de un servicio esencial vinculado a la política medioambiental, la sostenibilidad urbana y el mantenimiento de los huertos comunitarios.