La Audiencia de Las Palmas ha dejado visto para sentencia el juicio que enfrenta a los hermanos Santana Cazorla y los hijos de Santiago contra su tío Manuel tras la entrada de Lopesan en el Grupo Anfi.
Después de dos días de juicio, más de diez testigos y dos peritos, la Fiscalía de Las Palmas y la acusación popular, que la ejerce el letrado Francisco Calderón en nombre de los herederos de Santiago Santana Cazorla, elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales.
Penas
Atribuyen a Manuel Santana Cazorla, Arturo Ramírez González y Manuel Fernández González un delito de administración desleal por despedir a Ramírez e indemnizarlo con 780.940 euros para volverlo a contratar por el mismo sueldo y funciones similares, ocasionando un perjuicio económico a la empresa, que arrastraba ocho millones de pérdidas y entró en concurso de acreedores años después.
Por esos hechos reclaman tres años de prisión para cada uno de los tres acusados, así como una multa de 15.500 euros (10 meses a razón de 50 euros diarios) y la devolución de la indemnización en concepto de responsabilidad civil.
Absolución
Las defensas, en cambio, solicitaron la absolución, con el argumento general de que no hay nada delictivo en despedir al director institucional de una empresa para volverlo a contratar como asesor en el mismo consejo, pues es una cuestión administrativa o mercantil que entra dentro de la "discrecionalidad empresarial", sobre todo tras la llegada de IFA, que pertenece a Lopesan y compró las acciones de la familia Lyng en Anfi.
Esa lucha de poder, para las defensas, es la razón de una "querella espuria por una disputa familiar", tras no aceptar los hijos de Santiago Santana "quedarse en minoría y perder la votación", expusieron los letrados.
Lucha de poder
En esos controvertidos consejos de administración de 2018, los herederos de Santiago Santana Cazorla, que sucedieron a su padre en las diferentes empresas, perdieron la presidencia del grupo, la mayoría en el consejo de administración y los privilegios acordados con la familia Lyng, entre ellos el doble voto y el poder absoluto para nombrar o cesar directores generales.
Durante la vista oral, Santiago Santana culpó de esa situación a su hermano Manuel. "Me traicionó y engañó a mis hijos para meter a mi competidor en la empresa. Por eso estoy fastidiado con él", dijo el testigo en relación a la entrada de IFA en el accionariado de Anfi.
Pago encubierto
Su mujer y sus tres hijos se ratificaron en la querella, dando a entender que esa indemnización de casi 800.000 euros era un pago "enmascarado" por la renuncia de su tío a los poderes especiales del Grupo Santana Cazorla. El más explícito fue Alberto Santana Trujillo. "Primero le quitaron los poderes a Santiago y luego desistió Manuel, que regaló la gestión a Lopesan", declaró ante el tribunal.
Tanto Trujillo como su único consejero afín solicitaron en varias ocasiones la documentación que justificaba la indemnización pagada al director institucional de Anfi, pero no recibieron explicaciones de lo que se iba a votar.
Contrato sorpresa
Ni en ese consejo de administración, ni durante la investigación judicial, apareció el contrato mercantil de Ramírez como director institucional de Anfi, que, sin embargo, sí ha sido aportado en el juicio por su defensa y está firmado por Manuel Santana Cazorla.
El propio Arturo Ramírez defendió la autenticidad de ese contrato y el derecho a recibir una indemnización y una compensación por la entrada de IFA en el accionariado de Anfi (bonus de éxito).
Falsedad
También explicó que los nuevos consejeros no lo querían como director institucional, pero sí como asesor por su experiencia con los bancos. Por eso se le hizo un nuevo contrato.
El acusado, que sólo respondió a las preguntas de su abogado, negó que estuviera conchabado con el Grupo Lopesan para repartirse la indemnización con Manuel Santana. "Decir que Eustasio López me pagó a mí para repartirnos el dinero es una falsedad de los querellantes", concluyó Ramírez.
Los otros dos procesados se acogieron a su derecho a no declarar.