El barrio de Pedro Hidalgo fue, este martes, escenario del desahucio de una madre y sus dos hijos, de 4 y 16 años. Un lanzamiento que se ha ejecutado de la peor manera, con una intervención policial violenta, marcada por personas arrastradas por el asfalto, y Jennifer, la afectada, sentada en el bordillo desfallecida mientras una vecina la abanica y consuela.
El desalojo se produjo después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elaborara, a última hora, un informe de vulnerabilidad que llevaba meses pendientes y que al final el Juzgado ha considerado insuficiente para paralizar el procedimiento.
Sin informe de vulnerabilidad
Todo esto comienza cuando Jennifer se trasladó con sus dos hijos a casa de una amistad, a cuyo nombre figuraba el contrato de alquiler. Según explica Sofía Olivares, portavoz de Derecho al Techo, la madre contribuía a los gastos habituales de la vivienda, pero la persona titular del contrato desapareció y dejó de pagar las mensualidades sin comunicárselo.
Fue en julio cuando una comitiva judicial acudió por primera vez al domicilio. Al comprobar que residían allí dos menores, el desahucio quedó aplazado y se solicitó un informe de vulnerabilidad. Sin embargo, el documento no llegó a elaborarse, pese a haberse pedido en dos ocasiones.
Pasividad del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no emitió el informe hasta la mañana de este mismo martes, poco antes de que llegara la comitiva judicial. El documento fue traladado al juzgado, que no lo consideró suficiente. Una demora y decisiones que desde el colectivo resumen la desprotección que sufren las familias en estas situaciones.
Desde la entidad municipal no han respondido a las consultas de Atlántico Hoy, aunque sí trasladaron a EFE que habían hecho lo que estaba en su mano y proporcionado el apoyo que podía ofrecer. A Derecho al Techo no le convence esta explicación e insiste en la pasividad de las administraciones.
Una barrera humana
Desde primera hora de la mañana, vecinos y vecinas, integrantes de Derecho al Techo y otras personas fueron concentrándose frente a la vivienda. Se agarraron unas a otras formando una barrera humana, símbolo de la resistencia vecinal, y así tratar de impedir el acceso de la comitiva judicial. Entre ellas, había personas mayores, además de vecinos del propio edificio en apoyo a Jennifer.
"Vergüenza me daría desahuciar a una familia", "Vivienda social, derecho universal" o "Ni casa sin gente, ni gente sin casa" fueron algunas de las consignas que resonaron mientras se mantenía una resistencia pacífica, que se encargaron de romper los agentes de la Policía Local — mandados por el propio Ayuntamiento que emitió el informe de vulnerabilidad —, la Policía Nacional y el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA).
Los agentes arremetieron contra el piquete y comenzaron a retirar por la fuerza a las personas que protegían la entrada. Las agarraron de brazos y piernas, las zarandearon e incluso las arrastraron por el suelo, provocando que acabaran con raspones en la espalda y los brazos.
Violencia policial
Entre gritos de apoyo, empujones y momentos de tensión, la Policía acabó abriéndose paso. Además de acorralar a las manifestantes, los agentes apartaron también a los periodistas presentes, impidiendo que pudieran seguir grabando y viendo de cerca la intervención.
Jennifer salió del edificio desvanecida, ayudada por una vecina. Hubo que llamar a una ambulancia mientras el operativo continuaba en plena calle, bloqueada por los propios furgones y coches de la policía.
Gas pimienta, un ariete y una radial
La puerta estaba apuntalada desde dentro para dificultar el acceso, por lo que los agentes comenzaron a golpearla con un ariete y después recuerrieron a una radial para conseguir abrirla. En el interior permanecían varias personas que también trataban de impedir el desalojo.
Según relatan los propios afectados, cuando los agentes consiguieron entrar, se sentaron en el suelo de manera pacífica, pero fueron retirados con violencia e intimidación, agarrados de los brazos y fumigados con gas pimienta.
Dispuesta a pagar
Para completar toda la función de despropósitos, el propietario también apareció. Jennifer, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó reclamarle todo lo que estaba ocurriendo hasta que fue apartada por la policía local.
"Él sabía de mi existencia y la de mis hijos. Nunca me he negado a pagarle el alquiler, pero él se negó porque quiere venderla", explicó. Jennifer asegura que sus únicos ingresos son una ayuda económica, por lo que no puede hacer frente a los requisitos y precios de los alquileres actuales.
"Yo solo he pedido un poco de tiempo para que me ayuden con una vivienda, un alquiler social o cualquier cosa para irme con mis hijos. No pido nada más", lamentó la afectada.
El temor por los dos menores
Y es que la preocupación por qué ocurriría con sus hijos cuando salieran del colegio era grande. Los dos menores no presenciaron el desahucio, pero al terminar las clases ya no tendrían una vivienda a la que regresar.
El responsable de la Policía Social acudió a Pedro Hidalgo para evaluar la situación. Preguntó a Jennifer si disponía de alternativa para pasar la noche con sus hijos, ya que, de no ser así, los agentes tendrían que hacerse cargo de los menores a la salida del colegio.
Una medida a la que no hubo que llegar. La madre señaló que su familia puede acogerlos esa noche y también le han ofrecido una posible solución para los próximos días. Sin embargo, todavia no sabe en qué consistiría y si sería temporal o definitiva. "La Policía Social es la que va a comunicárselo al Ayuntamiento", contó la afectada.
Se podría haber evitado
Desde Derecho al Techo consideran que lo ocurrido este martes podría haberse evitado. Sofía Olivares denuncia tanto la actuación policial como los retrasos administrativos y sostiene que el informe de vulnerabilidad llegó demasiado tarde para que la situación de la familia pudiera valorarse de manera adecuada.
Y es que hasta la ejecución judicial no se hizo como debería, según la portavoz del colectivo. La comitiva estaba formada por dos auxiliares y no se encontraba presente la letrada que, según Olivares, debía dar fe del procedimiento.
Un derecho básico negado
Más allá del peso de los papeles, de los trámites judiciales y las responsabilidades administrativas, la realidad que muestran las fotos y se vivió este martes en Pedro Hidalgo deja como resultado a una madre sin su casa y pendiente de una solución para poder seguir viviendo con sus hijos.
"Quiero que vean que esto cada vez va a peor y que hay muchos españoles que están igual que yo, con menores en la calle", expresó Jennifer. Su petición, después de todo lo ocurrido, es tan sencilla como lo que se ha pedido en las manifestaciones y acampadas de las últimas semanas. "Deberían darles vivienda, que es lo básico para un ser humano".
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.