Las 26 familias que viven en el Residencial La Cima, en el barrio de Siete Palmas, han recibido con "alivio" la resolución municipal con el cierre del centro médico ubicado en los bajos del edificio residencial, tras constatarse irregularidades técnicas que los propietarios llevaban años denunciando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Para los residentes, la noticia no es un motivo de celebración, sino de justicia técnica. Según expresan en un comunicado, el sentimiento dominante es el alivio después de tres años denunciando fallos en materia de protección contra incendios, ventilación y adecuación del local.

"Esta resolución no se vive como una victoria, sino como un paso necesario para garantizar la seguridad de todos: pacientes, trabajadores y familias", afirman los portavoces vecinales.

Sótano residencial

La preocupación de la comunidad no era infundada. El centro, situado en un sótano, ha sido objeto intervenciones estructurales y obras constantes, informes técnicos que advertían de riesgos de seguridad y litigios judiciales, sin olvidar procedimientos administrativos que aún no están cerrados, pues aún faltan resoluciones por tomarse y el propietario de la clínica está en su derecho a recurrirlas.

Los vecinos subrayan que el nivel de exigencia para un centro sanitario debe ser máximo, especialmente cuando convive pared con pared con decenas de viviendas. Por ello, exigen que la orden municipal no se quede en "papel mojado" y que se proceda al precinto de la actividad si fuera necesario para evitar reaperturas sin subsanaciones reales.

"No somos el enemigo"

En un ejercicio de transparencia y búsqueda de soluciones, los vecinos plantean una reflexión directa cirujano propietario del centro. La comunidad le insta a abandonar la vía del conflicto y optar por el sentido común porque "no somos el enemigo".

"Ha llegado el momento de que se siente con la Comunidad de Propietarios y afronte el restablecimiento de las condiciones de seguridad", señalan. El mensaje es claro: las familias no buscan ser un obstáculo para su actividad profesional, sino recuperar la tranquilidad perdida por una situación que ellos no causaron.

Diálogo y consenso

Los afectados esperan que prevalezca el rigor normativo y la protección del interés general frente al económico, al tiempo que se abren a negociar las condiciones de seguridad del negocio para reabrirlo de forma consensuada.

La mirada está puesta ahora en el Ayuntamiento y las autoridades competentes para asegurar que la legalidad se cumpla de forma estricta antes de que se plantee cualquier tipo de actividad futura en el inmueble.