Las organizaciones sindicales representativas de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria —CCOO, USPB, CSIF, y UGT— han solicitado formalmente a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento el cese inmediato de la actual jefa del Cuerpo de la Policía Local, Carmen Delia Martín Mederos, al considerar que su gestión ha sido gravemente perjudicial para el servicio público, para los derechos laborales del personal y para la seguridad de los propios agentes.
La petición, registrada oficialmente y fechada el 21 de enero de 2026, expone un amplio catálogo de deficiencias que, según los sindicatos firmantes, se vienen produciendo desde hace años bajo la actual jefatura. Entre las principales críticas figura una gestión claramente negligente e irresponsable de los recursos humanos y materiales, con efectos directos sobre la calidad y eficacia del servicio policial que se presta a la ciudadanía, la organización interna del Cuerpo y la integridad y seguridad de los agentes, especialmente en las unidades operativas y de intervención directa.
Falta de personal
Los representantes sindicales alertan de una merma continuada de personal en estas unidades, agravada por la inexistencia de una política real y efectiva de formación general y continua, cuya gestión por parte de la Jefatura califican de prácticamente nula. Esta situación, sostienen, ha generado un desequilibrio estructural, sobrecarga de trabajo, falta de capacitación adecuada y un deterioro progresivo tanto del servicio policial como del servicio de movilidad en la ciudad.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la aplicación de los acuerdos de productividad, tanto en su vertiente específica —relativa a servicios extraordinarios— como en la general, vinculada a la evaluación del desempeño. Según la denuncia presentada, dichos acuerdos debían aplicarse con arreglo a los principios de objetividad, igualdad, equidad, transparencia y no discriminación, tal y como establece el ordenamiento jurídico y el propio contenido de los pactos alcanzados.
Desigualdades
Sin embargo, los sindicatos aseguran que la práctica ha sido muy distinta. Denuncian una aplicación arbitraria, discrecional y manifiestamente alejada de los criterios pactados, con consecuencias como un reparto no equitativo de jornadas, servicios y retribuciones, la ausencia de criterios objetivos, públicos y verificables y la aparición de diferencias injustificadas entre funcionarios y unidades que se encuentran en situaciones objetivamente homogéneas.
Lejos de corregir estas desigualdades, las organizaciones sindicales sostienen que se ha impuesto el uso de criterios de afinidad personal y de trato discriminatorio, lo que ha provocado una fractura interna del colectivo, una grave desmotivación profesional y un deterioro evidente del clima laboral dentro del Cuerpo.
Conflicto laboral
El escrito remitido a la Alcaldía también pone el foco en el papel de la Jefatura durante los procesos de negociación colectiva desarrollados en el marco del conflicto laboral existente. Según los sindicatos, la actuación de la responsable policial ha sido reiteradamente obstruccionista, orientada a dificultar o impedir mejoras en las condiciones laborales, llegando incluso a formular propuestas que, a su juicio, vulneran derechos laborales básicos, reconocidos tanto en la normativa vigente como en la jurisprudencia consolidada.
Todas estas irregularidades, subrayan, han sido puestas en conocimiento formal de la Administración en reiteradas ocasiones, sin que se haya producido corrección alguna. Lejos de enmendar la situación, afirman que la Jefatura ha persistido en una actuación que califican de injusta, discriminatoria y contraria a los intereses generales, vulnerando principios constitucionales como la igualdad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Pérdida de confianza
Como consecuencia directa, los sindicatos denuncian una profunda inseguridad jurídica, una pérdida total de confianza en la cadena de mando y un grave deterioro del funcionamiento interno del Cuerpo. Por todo ello, y dada la gravedad, reiteración y persistencia de los hechos, solicitan el cese inmediato de la actual jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria por pérdida manifiesta de confianza, gestión negligente de los recursos humanos y materiales y aplicación irregular, arbitraria y discriminatoria de los acuerdos de productividad.
Las organizaciones firmantes concluyen reiterando su compromiso con la defensa del servicio público, los derechos laborales y la necesidad de una Policía Local profesional, eficaz y plenamente al servicio de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria.