La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha exigido a la alcaldesa, Carolina Darias, que informe "de forma inmediata, clara y transparente" a los ciudadanos sobre la situación en la que queda la tasa de residuos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya anulado la ordenanza fiscal que regula este tributo al estimar uno de los tres recursos presentados contra ella.
Según el PP, la "primera obligación" del gobierno municipal es explicar las consecuencias prácticas de la resolución judicial: si el Ayuntamiento interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, qué ocurrirá con los recibos ya abonados por miles de vecinos y cuáles serán los siguientes pasos mientras la sentencia no adquiera firmeza.
"Los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente cuál es la situación. No pueden enterarse por los medios de comunicación mientras el Ayuntamiento guarda silencio", afirmó Delgado, quien reclamó la comparecencia de la alcaldesa.
El recurso del PP sigue en tramitación
La portavoz popular recordó que su partido advirtió desde la tramitación de la ordenanza de que se trataba de una tasa "injusta, mal calculada y profundamente desigual", al imponer, en su opinión, la misma carga económica a todas las viviendas con independencia del número de residentes o del volumen de residuos generado.
El PP presentó alegaciones, un recurso de reposición —rechazado por el grupo de gobierno— y, posteriormente, un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC que continúa su tramitación. En mayo, los populares llevaron al Pleno una moción para retirar la ordenanza y paralizar el cobro, que fue rechazada por el gobierno municipal.
Críticas al estado del servicio
Delgado sostuvo que la ciudad "pretende cobrar una de las tasas de basura más elevadas de España" mientras, según denunció, mantiene los grandes contratos de limpieza vencidos, acumula contratos de emergencia y continúa bajo la situación de emergencia sanitaria por falta de limpieza decretada por la propia alcaldesa.
La portavoz vinculó además el origen del tributo a la Ley 7/2022, aprobada por el Gobierno central, que obligó a las entidades locales a establecer una tasa que reflejara el coste real del servicio. "España decidió ir más allá de lo que exigía la directiva europea", señaló, y acusó a Darias de "seguir ciegamente el modelo de Pedro Sánchez".
"Carolina Darias debe decidir ahora si prolonga la incertidumbre recurriendo la sentencia ante el Tribunal Supremo o si asume el fallo judicial, corrige los errores detectados y elabora una nueva ordenanza ajustada a la legalidad", concluyó Delgado.
Esta información recoge la posición del Partido Popular. Por el momento no consta respuesta del gobierno municipal a estas declaraciones.