La preocupación por la seguridad en el sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria vuelve a estar sobre la mesa tras la agresión que sufrió un taxista el pasado 30 de septiembre, cuando fue amenazado con un cuchillo por un pasajero en un intento de robo. 

El suceso ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad de los profesionales del taxi, que aseguran trabajar “con miedo”, indica Ángel Hernández, presidente de Autaxi, una de las agrupaciones que representa al sector en la capital. A raíz de ello, estudian la posibilidad de implantar mamparas en sus vehículos como medida de protección. 

Necesidad de cámaras 

“La cámara que tenía el compañero instalada ayudó a denunciar lo sucedido y reconocer al atacante”, explica Hernández, que insiste en que desde hace tiempo promueven la instalación de cámaras en los vehículos, “porque funcionan como medida disuasoria y como prueba ante cualquier incidente”.

Sin embargo, el representante advierte que la instalación de estas cámaras muchas veces corre a cargo de los propios conductores. “Algunos las hemos pagado de nuestro bolsillo y otros han podido hacerlo con ayudas, pero no todos los taxis cuentan con estos dispositivos”, apunta. 

Mamparas de seguridad

Tras este nuevo ataque, los taxistas vuelven a debatir sobre la necesidad de instalar mamparas de seguridad dentro de los vehículos, una medida que muchos habían descartado por su incomodidad, pero que ahora ven como inevitable.

“Somos reacios porque generan incomodidad tanto para el conductor como para el pasajero, pero nos estamos viendo obligados a replantearlo. Ya no importa si es de noche o de día, nos estamos jugando el físico”, reconoce Hernández. 

Botón del pánico

El colectivo continúa estudiando posibles medidas de seguridad, a la vez que prevé solicitar reuniones con el Ayuntamiento y el Cabildo para analizar posibles ayudas que cubran el alto coste de las mamparas homologadas y adaptadas a cada modelo de taxi.

Reuniones en las que se sumarán otras grandes reivindicaciones del sector en cuanto a la seguridad, como el mal funcionamiento del botón de pánico instalado en algunos vehículos, que debería estar conectado con Cemelpa, el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias, y sigue sin estar en funcionamiento. 

“El botón está, pero no conecta con Cemelpa. ¿De qué vale tener un botón de pánico si después no hay quien te ayude? Esto es algo que incluso recoge la propia ordenanza del taxi en la ciudad”, reitera Hernández. 

Turnos de noche

Este panorama de inseguridad se ve marcado a su vez por la falta de presencia policial en la ciudad, lo que según explican desde la asociación, incrementa la sensación de impunidad entre los delincuentes y el temor entre los taxistas y la propia ciudadanía. 

Un sentimiento que está afectando a la disponibilidad del servicio nocturno, ya que, aunque las nuevas tarifas estaba logrando incentivar el trabajo de noche y fines de semana, muchos taxistas han reculado en su decisión ante el temor a sufrir agresiones: “Había compañeros que se estaban animando a trabajar algunas noches, pero después de casos como este han vuelto atrás. Salimos con miedo, pero no nos queda otra”, lamenta Hernández. 

SOS

Otro de los reclamos del colectivo se dirige a las cooperativas del taxi. Hernández explica que existe un sistema que permite que, al presionar el botón del pánico, el luminoso del techo del vehículo muestre la palabra “SOS” en rojo, una medida que ya está implantada en ciudades como Madrid. “Eso ayudaría a que tanto la policía como otros compañeros puedan identificar que un taxi está en peligro y actuar rápidamente”, señala. 

Sin embargo, asegura que las cooperativas locales “han puesto trabas” y no han impulsado su implantación, pese a que bastaría con un acuerdo con el área de Industria para autorizarlo como medida de seguridad, sin vulnerar la normativa que regula la señalización de los taxis.

Peticiones al Ayuntamiento 

La asociación está preparando un listado de peticiones que trasladará al Ayuntamiento todas estas peticiones y preocupación del sector, a la espera de que la entidad municipal active cuanto antes las medidas pendientes y abra un diálogo urgente para mejorar la seguridad de un servicio público que, aseguran, “no se siente protegido”.