El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado la nulidad radical del Plan Especial de Protección del entorno de la calle Perojo (APR-18), aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 30 de octubre de 2020. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima íntegramente el recurso interpuesto por el Cabildo de Gran Canaria y concluye que el documento urbanístico se aprobó sin contar con el informe favorable, preceptivo y vinculante de la institución insular, exigido por la legislación de patrimonio histórico.
La sentencia, fechada el 19 de noviembre de 2025, considera probado que los tres informes emitidos por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo fueron desfavorables, y que, pese a ello, el Ayuntamiento prosiguió la tramitación hasta la aprobación definitiva del plan. Además, el fallo reprocha que las modificaciones introducidas tras el periodo de información pública tampoco fueron remitidas nuevamente al Cabildo para su valoración, pese a tener carácter sustancial.
Un ámbito BIC y un conflicto de procedimientos
El litigio tiene su origen en el acuerdo plenario municipal que dio luz verde al Plan Especial de Protección del entorno de la calle Perojo, ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en abril de 2018. El Cabildo argumentó desde el inicio que el documento urbanístico incumplía de forma grave la legislación en materia de patrimonio, al no incorporar las observaciones técnicas formuladas desde la administración insular.
Entre las deficiencias señaladas por la institución insular figuraban la falta de un mayor grado de definición en las normas y ordenanzas, la existencia de vacíos normativos, la introducción de conceptos contrarios a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, la descatalogación sin justificación suficiente de inmuebles previamente protegidos y la ausencia de un análisis riguroso del cromatismo histórico de las fachadas. También se censuraba la introducción de nueva edificabilidad en la plaza Padre Hilario sin control insular efectivo.
El TSJC rechaza los argumentos del Ayuntamiento
El Ayuntamiento defendió durante el proceso que algunos de los informes del Cabildo habían sido emitidos fuera de plazo o que el último de ellos carecía de validez por haber sido firmado por personal laboral y no por un funcionario. Sin embargo, el TSJC rechaza de forma expresa estos argumentos y subraya que la ley exige un informe favorable del Cabildo como institución, sin necesidad de una resolución política específica cuando el informe técnico es desfavorable. Además, la Sala recuerda que el carácter laboral del técnico que firma el informe no invalida su contenido ni su eficacia jurídica.
La sentencia también destaca que el propio Ayuntamiento reconoció haber introducido cambios relevantes en el documento, tanto derivados de las observaciones del Cabildo como de la estimación de alegaciones presentadas por una vecina durante el trámite de información pública. Esas modificaciones afectaron a la delimitación del ámbito, a las fichas del catálogo arquitectónico, a los grados de protección de determinados espacios y a la regulación de usos, alturas y criterios estéticos. Sin embargo, ninguna de estas alteraciones fue sometida de nuevo al preceptivo informe insular, incumpliendo de nuevo la normativa vigente.
Para el tribunal, esta omisión constituye un vicio esencial del procedimiento que determina la nulidad del plan, al haberse aprobado sin superar todos los controles legalmente exigidos en un ámbito protegido por su valor histórico y patrimonial. La Sala es contundente al afirmar que no corresponde al tribunal suplir la falta del informe favorable ni entrar a valorar si las deficiencias técnicas fueron o no correctamente subsanadas.
El Ayuntamiento deberá reiniciar la tramitación
Con este fallo, el Plan Especial de Protección del entorno de la calle Perojo queda anulado en su totalidad, lo que obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a reiniciar su tramitación si pretende dotar de una nueva ordenación urbanística al conjunto histórico. La resolución supone un severo correctivo judicial a la gestión urbanística municipal en uno de los espacios patrimoniales más sensibles del casco histórico de la capital.