Panorámica del Hotel Santa Catalina. / QUIQUE CURBELO-EFE
Panorámica del Hotel Santa Catalina. / QUIQUE CURBELO-EFE

El TSJC tumba la reforma del Hotel Santa Catalina por vulnerar la protección patrimonial

La sala de lo contencioso estima que el ayuntamiento debió someter el proyecto a una Evaluación Ambiental Estratégica y que las obras permitidas alteraban un inmueble protegido en su totalidad

Martín Alonso

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo el acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que en octubre de 2018 permitió la controvertida reforma del Hotel Santa Catalina, uno de los edificios más emblemáticos de la capital grancanaria. La sentencia considera que el proyecto debía haberse sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), como exige la normativa vigente para intervenciones urbanísticas con impacto potencial en el medioambiente y el patrimonio.

El fallo del tribunal, fechado el 20 de marzo de 2025, responde a un recurso interpuesto por el anterior arrendatario del inmueble. El TSJC concluye que las Normas Específicas aprobadas para la intervención no estaban suficientemente justificadas y, además, permitían obras no compatibles con el grado de protección integral del edificio, que está protegido tanto por fuera como por dentro según el catálogo municipal.

No puede quedar a merced de contingencias

En su argumentación, la sala subraya que “la preservación del patrimonio artístico y cultural español no puede quedar a merced de cualquier contingencia”, citando doctrina del Tribunal Supremo. Y añade que, más allá de la omisión de la EAE, la reforma supuso de facto una desprotección encubierta del hotel, lo que contraviene la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y el propio Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

El TSJC condena en costas al ayuntamiento y señala que la ejecución de la sentencia dependerá de si esta adquiere firmeza, ya que todavía cabe recurso de casación. De ser definitiva, el futuro urbanístico del Santa Catalina quedará marcado por este fallo, que cuestiona la legalidad de la transformación llevada a cabo en el inmueble para adaptarlo a nuevos usos turísticos.

Esta sentencia podría abrir un nuevo capítulo en la gestión del patrimonio arquitectónico de Canarias, con posibles implicaciones para otras reformas urbanísticas similares que hayan omitido los requisitos legales de protección medioambiental y cultural.