A poco más de dos meses del inicio del Carnaval, la gestión de esta fiesta emblemática en Las Palmas de Gran Canaria enfrenta una nueva crisis. El Ayuntamiento ha decidido trasladar los eventos al Parque Santa Catalina tras la polémica desatada por el plan inicial de ubicarlos en el Parque del Estadio Insular.
El cambio se produjo después de que vecinos de los barrios de Alcaravaneras y Ciudad Jardín protestaran enérgicamente contra la tala y traslado de árboles en el Estadio Insular, lo que obligó al gobierno municipal a recular.
Sin embargo, el regreso de las fiestas carnestolendas a Santa Catalina revive un problema conocido: una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) establece límites estrictos para los eventos en esta zona.
¿Un freno al Carnaval?
El fallo judicial, respaldado por un acuerdo homologado en 2015 entre el Ayuntamiento y los vecinos de Santa Catalina, establece lo siguiente:
- Queda prohibida la celebración de mogollones y conciertos en el Parque Santa Catalina.
- Solo se permiten dos conciertos finales de las galas de Reina y Drag, que deben finalizar antes de la medianoche.
- El nivel máximo de ruido permitido es de 60 decibelios en la fachada de los edificios colindantes.
- Están prohibidos conciertos en las zonas traseras del parque, como el Intercambiador y la Plaza de las Islas Canarias.
Los vecinos de Santa Catalina ya han advertido que, si el ayuntamiento no cumple con estos límites, tomarán “las acciones legales necesarias para hacer valer el acuerdo judicial”.
Bajo presión
Este doble frente de oposición vecinal, tanto en el Estadio Insular como en Santa Catalina, coloca al Ayuntamiento en una situación complicada. ¿Cómo organizar el Carnaval sin contravenir los derechos al descanso de los vecinos ni sacrificar el espíritu festivo?
El gobierno municipal todavía no ha aclarado cómo adaptará las celebraciones a las restricciones legales ni si buscará alternativas para aliviar el impacto en la zona. Mientras tanto, sigue la incertidumbre alrededor del Carnaval, y la fiesta, símbolo de Las Palmas de Gran Canaria, enfrenta uno de sus mayores desafíos organizativos.
Con el reloj en contra, la pregunta queda en el aire: ¿logrará el Ayuntamiento salvar el Carnaval sin más polémicas?