Los vecinos y vecinas del Residencial La Cima, en el barrio de Siete Palmas, llevan más de tres años “viviendo con miedo” a que pase una desgracia por las obras sin autorizar de un centro médico en la parte baja de su edificio, que han provocado grietas en la infraestructura y alterado los sistemas de seguridad.
Durante estos años han denunciado ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la situación para que evalúe y actúe respecto a las obras ejecutadas, y la actividad que se realiza en el centro, que cuenta incluso con quirófanos en el sótano. No obstante, no han recibido ayuda de la entidad municipal y se han visto obligados a ir por la vía judicial.
De una obra menor a una retroexcavadora
José de la Rosa, presidente de la comunidad de vecinos, cuenta que esta pesadilla comenzó en 2020, cuando el local — que fue antes un gimnasio — fue adquirido por un cirujano plástico para instalar un centro médico.
Todo empezó a sonarles raro y pidieron la documentación de obra que nunca fue facilitada. No obtuvieron información ni del propietario ni del Ayuntamiento, por lo que se vieron obligados a recurrir incluso a la Unidad de Transparencia para acceder al expediente municipal.
Y cuál fue su sorpresa cuando descubrieron que el centro había solicitado una licencia para “acondicionar” el local, es decir, trabajos menores como pintar; sin embargo, ellos se encontraron con “una retroexcavadora y todo”.
Desperfectos en el edificio
De lo que iba a ser una supuesta obra menor, se pasó a obras mayores, que provocaron vibraciones en la estructura del edificio y daños visibles. “Grietas en fachadas, plaquetas que se caen, paredes rajadas, suelos levantados… Esto nunca había pasado en 20 años”, relata De la Rosa.
Y entre las reformas destaca que el centro “abrió dos huecos enormes para ascensores en los que quepan las camillas”. Todo ello sin el consentimiento obligatorio de la comunidad para intervenir elementos estructurales comunes del edificio.
Riesgo de incendio
A esto se siguieron sumando problemas hasta el punto de provocar dos de las mayores preocupaciones de los residentes de La Cima. Los vecinos denuncian que la clínica ha conectado sus instalaciones a la red de contraincendios comunitaria y al depósito de agua del edificio. Además, denuncian la perforación del patinillo de ventilación de gases del garaje, lo que podría alterar las vías de evacuación del humo en caso de siniestro.
La comunidad contrató a un perito para que evaluara la situación y el miedo es palpable en un edificio recubierto por redes para los desprendimientos y la información de que las viviendas podrían estar expuestas a un riesgo similar al incendio de un inmueble en Valencia en 2023, por lo que se conoce como ‘efecto chimenea’.
Por lo que la capacidad del edificio para responder a un incendio se está viendo comprometida. “Si se pega fuego ahí abajo, ¿qué pasa? ¿Cómo se duerme sabiendo esto?”, pregunta con enfado De la Rosa, que apunta que, además, el edificio colinda con un colegio y un instituto.
Vacío del Ayuntamiento de Las Palmas
Como presidente de la comunidad, ha presentado numerosas denuncias ante el Ayuntamiento desde hace más de tres años, pero “todas han sido archivadas sin explicaciones”. De la Rosa sostiene que dos técnicas municipales responsables del expediente han ido cerrando las quejas sin aportar información a los vecinos, lo que ha incrementado la frustración de la comunidad.
El presidente vecinal expone que ha sido tras la aparición del caso en medios de comunicación, cuando el área de Actividades Clasificadas abrió un expediente y reconoció deficiencias importantes en el proyecto del centro médico. No obstante, a día de hoy, no han recibido ninguna resolución ni el expediente completo, a pesar de que el plazo expiró en octubre.
Por la vía judicial
El vacío por parte del consistorio les ha llevado a ir por la vía judicial. La jueza que está llevando el caso concedió autorización para que el perito pudiera acceder al local y evaluar las obras. No obstante, el propietario impidió en un principio el acceso, lo que le costó una sanción por obstrucción judicial.
Tras varias visitas, el perito comprobó que había quirófanos ya instalados en el sótano. “El Servicio Canario de Salud nos ha confirmado que ese centro no tiene título habilitante para cirugía mayor ambulatoria. No puede operar ahí. Pero la obra está hecha. Está todo montado”, asegura el presidente vecinal.
Reclamaciones en los juzgados
En la demanda civil presentada, vecinos y vecinas reclaman la restitución de los elementos comunes modificados sin permiso, entre ellos los ascensores; la reparación de los daños estructurales en el edificio, que ascienden a 110.000 euros - sin contar el dinero invertido en informes técnicos (entre 25.000 y 30.000 euros) -; y la reposición de los sistemas de seguridad alterados.
“La jueza también tendrá que decidir si esta actividad puede hacerse en un sótano. Las normativas dicen que no puedes sacar gases medicinales desde un sótano, pero ellos lo llaman ‘semisótano’ para esquivar la ley”, sostiene De la Rosa.
Piden actuación del Ayuntamiento
El juicio está fijado para el 13 de enero. Mientras, la comunidad espera que el “Ayuntamiento de Las Palmas actúe de inmediato”. “Han tenido tres años para hacerlo. Queremos seguridad, que se repare el daño y que se cumpla la ley como con cualquier otro negocio”, sentencia De la Rosa.
El local continúa abierto, las redes cubren el edificio, las derramas para cubrir los desperfectos siguen creciendo y el presidente de la comunidad recibe llamadas de los vecinos a diarios para saber si hay algo nuevo sobre el caso, que no parece tener fin y está siendo el calvario de estas 26 familias de Siete Palmas.