El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha acusado este domingo al Gobierno de intentar alargar los plazos para no dictaminar respecto a su reclamación de ser indemnizado con 134.281,55 euros, tras ser privado del escaño en una decisión que anuló parcialmente el Constitucional.
Alberto Rodríguez ha informado este domingo en sus redes sociales de que ha recibido un escrito del Ministerio de Presidencia en el que señala que este departamento dispone de seis meses para dar respuesta a su petición y que, en caso contrario, se entenderá como un silencio administrativo negativo, ante el que cabe recurso por la vía contencioso-administrativa.
Rodríguez, que explica su parecer en una carta dirigida al Gobierno de España, indica que esta es la respuesta a la petición que cursó tanto a la Mesa del Congreso de los Diputados, dirigida por su presidenta Francina Armengol (PSOE), y al Consejo de Ministros, para dar aplicabilidad a la sentencia del Tribunal Constitucional.
"Robó al pueblo canario"
Su objetivo era el de "reparar en la única parte en que es posible hacerlo" la decisión tomada por la anterior presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet (PSOE), de la que Alberto Rodríguez afirma que "robó al pueblo canario" la representación de un acta elegida por la soberanía popular y el electorado canario.
La respuesta recibida ahora por el Ministerio de Presidencia es, a su juicio, solo "un hito más del interminable proceso judicial y administrativo que me han obligado a recorrer".
Todo apunta a que el Consejo de Ministros conformado por el PSOE y Movimiento Sumar "hará prevalecer una vez más sus intereses electorales propios contra el derecho del pueblo canario a elegir libremente sin condicionantes externos, alargando los plazos para no dictaminar lo evidente", añade Rodríguez.
"Injusta y antidemocrática"
Insiste el exdiputado en que la decisión "injusta y antidemocrática" tomada por Meritxell Batet "deber ser parcialmente reparada tomando en consideración un simple cálculo" pero con esta última decisión, añade, el PSOE y Movimiento Sumar "están reincidiendo una vez más en cálculos electorales arbitrarios que beneficien a ambas formaciones en el Gobierno, alejándose de la ecuanimidad y un correcto proceder democrático".
A su vez, todo apunta a que este caso seguirá siendo un ejemplo de cómo el Gobierno del Estado considera a Canarias "un territorio de segunda, mientras posiciona a otros territorios de forma recurrente como preferenciales a través de indultos, competencias fiscales, migratorias y un largo etcétera", critica el exparlamentario.
Alberto Rodríguez, que actualmente es concejal por Drago Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, señala que llevará "hasta el final" todas las reclamaciones y procesos en curso ante las instancias que sean necesarias y ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Además, insiste en que el "despojo" de su acta fue "una cacicada" y advierte de que habrá tiempo también para detallar "quiénes ejercieron presión directa y explícita ante nuestros compañeros y compañeras para dejar impune la salvajada democrática".