La comisión que investiga los contratos hechos durante la pandemia ha acogido este lunes la comparecencia de la subdirectora de gestión de fondos europeos, Pilar Almeida. La alta funcionaria ha insistido a lo largo de toda la comisión que para el contrato a la empresa RR7 no se usaron fondos europeos, pese a que la investigación está en manos de la Fiscalía Europea. 

La Fiscalía Europea asumió el caso Mascarillas en noviembre de 2022. Uno de los temores que existían en la comunidad era el hecho de que, si se habían usado fondos europeos para pagar los 4 millones euros a la empresa RR7 por unas mascarillas que nunca llegaron, se tuviera que devolver ese dinero a la Unión Europea. 

Sin devolución

Eso implicaría que la comunidad autónoma no solo habría pagado por unas mascarillas que nunca llegaron, sino que tendría que devolver dinero a Europa. Almeida ha insistido en numerosas ocasiones a lo largo de la comisión de este lunes en que el dinero que se dio al respecto del contrato de RR7 no estaba adscrito a fondos europeos.  

“No hay ningún gasto dentro del programa porque nunca lo declaró el Servicio Canario Salud (SCS) correspondiente a ese contrato”, explicó la que entonces era la jefa del servicio de planificación económica en la Consejería de Hacienda. 

Sin declaración de gasto

"A nosotros no nos llegó ninguna declaración de gasto realizada por el Servicio Canario de Salud solicitando ayuda por ese contrato. De ese contrato no sabemos nada porque no tenemos expediente de contratación porque no formaba parte de las declaraciones de gasto realizadas por el SCS", ha respondido Almeida sobre la devolución del dinero de la empresa RR7. 

Pese a rechazar la posición, sí que ha supuesto que la intención era la de cofinanciar con fondos europeos el pago de las mascarillas. El diputado popular Fernando Enseñat leyó dos resoluciones donde se obligaba a hablar de la cofinanciación. Pese a ello, ha insistido en que no se dio la orden desde Hacienda para pagar el contrato con fondos europeos. 

Para los diputados de Coalición Canaria y Partido Popular, José Alberto Díaz Estébanez y Fernando Enseñat, la afirmación de que el contrato no recibió fondos europeos entra en contradicción con el hecho de que la Fiscalía Europea asumiera el caso. Una contradicción para la que Almeida no encontró respuesta y reiteró su posición. 

El otro contrato

A diferencia de lo que sucedió con RR7, en la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, empresa relacionada con el caso Koldo, sí hubo en principio financiación europea por 10,9 millones de euros, a solicitud del SCS. Estas mascarillas sí que llegaron, pero con deficiencias. 

Se pagó ya que se verificó que se cumplían los requisitos para hacerlo por la vía de urgencia y se cumplió con la contratación, el recepción del material y el pago. Pero el SCS, quien hizo todos estos contratos, no el área de Almeida, solo pagó por aquellas mascarillas que sí llegaron en buen estado. 

Según explicó la funcionaria, los más de 10 millones de euros con cargos a fondos europeos fueron descertificados una vez se judicializó el caso. Por ello, ha insistido en que "solo se pagó el material efectivamente recibido, y hubo controles sobre la calidad de las mascarillas. El control de primer nivel verificó que el gasto cumplió con los requisitos establecidos".