La Junta de Andalucía estudia presentar un recurso contra el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que regula la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
La consejera de Inclusión Social, Loles López, criticó la “falta de diálogo y transparencia” del Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que “trata a estos niños como pura mercancía política”.
Saturación del sistema
En el nuevo reparto, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor capacidad de acogida, algo que la consejera considera inasumible: “Nuestro Sistema de Protección de Menores está ya saturado y cada semana llegan a nuestras costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos”.
López advirtió de que el decreto puede “reventar el sistema andaluz”, poniendo en peligro tanto a los menores ya acogidos como a los que se deriven desde territorios como Canarias, donde la presión migratoria se mantiene muy por encima de su capacidad.
Solidaridad y críticas
La consejera defendió la “solidaridad incuestionable” de Andalucía, recordando que actualmente atiende a 634 menores migrantes no acompañados que llegaron bajo la apariencia de mayoría de edad.
Sin embargo, denunció que el Gobierno “impone un reparto sin coordinación” que desatiende la realidad de las comunidades que actúan como fronteras del Estado, entre ellas Canarias, primera puerta de entrada de menores migrantes hacia la península.
Reparto cuestionado
López reprochó además al Ejecutivo central que reconozca al País Vasco como frontera especial pero niegue ese mismo estatus a Andalucía, a pesar de su cercanía con África. Una situación que, según la Junta, recuerda a lo que ocurre en Canarias, obligada a soportar la mayor carga inicial de acogida mientras espera que se ejecuten las derivaciones.
La consejera concluyó acusando al Gobierno de “hipocresía” al no cumplir con las más de 1.000 plazas de menores solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo le reclama, mientras obliga a las comunidades a asumir cupos sin la financiación ni la planificación adecuada.