La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha expresado públicamente su preocupación y malestar por las graves dificultades técnicas y de accesibilidad que presenta el proceso de participación ciudadana abierto hoy, 26 de marzo de 2025, por el Parlamento de Canarias.
Este proceso, que permite presentar alegaciones al Proyecto de Ley sobre Viviendas Vacacionales (Ley VV), estará disponible únicamente durante 4 días, hasta el 31 de marzo.
Un procedimiento lleno de obstáculos
Según ASCAV, el sistema implementado por el Parlamento no garantiza un acceso fácil ni transparente para la ciudadanía. Las principales quejas señaladas por la asociación incluyen:
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Registro obligatorio en una plataforma externa.
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Correos corporativos no aceptados durante el registro.
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Correos de verificación que llegan a la carpeta de spam, dificultando la activación.
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Las alegaciones quedan pendientes de aprobación, lo que genera dudas sobre su validación.
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No se proporciona constancia oficial de haber presentado la alegación.
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Parte del procedimiento está en inglés, lo que excluye a ciudadanos no familiarizados con ese idioma.
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No queda claro si las alegaciones serán públicas o no.
“La ciudadanía tiene derecho a ser escuchada sin barreras”
ASCAV denuncia que este tipo de trabas técnicas y burocráticas desincentivan la participación democrática y limitan el derecho de la ciudadanía a expresar su opinión sobre una ley que tendrá un enorme impacto en el modelo turístico, el acceso a la vivienda y la economía de Canarias.
A pesar de estas dificultades, la asociación anima a la ciudadanía a intentarlo y dejar constancia de su opinión:
“Les invitamos a probarlo ustedes mismos…”, señalan, dejando claro que se trata de un procedimiento poco amigable incluso para usuarios con experiencia tecnológica.
Una ley que puede transformar el alquiler vacacional en Canarias
El Proyecto de Ley VV propone una nueva regulación para las viviendas vacacionales en las islas, afectando tanto a propietarios como a usuarios y al tejido empresarial del sector turístico.
ASCAV considera imprescindible que este proceso se realice con plenas garantías de transparencia, inclusión y accesibilidad, algo que —denuncian— no se está cumpliendo.