El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha advertido este lunes de la debilidad de los sistemas antifraude y contra la corrupción en los ayuntamientos del archipiélago, tras analizar una muestra de ocho municipios en los que reside el 40% de la población.
Las auditorías realizadas sobre control interno y medidas antifraude en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde, Antigua, Breña Alta, La Victoria de Acentejo y Agaete revelan, con carácter general, importantes carencias estructurales. Entre ellas, destacan la ausencia de códigos éticos, la falta de canales de denuncia que garanticen el anonimato y la inexistencia de una planificación estratégica en la mayoría de los casos.
Escasez de personal
Según expuso Pacheco, también se detecta escasez de personal y de medios materiales, así como la implantación de medidas antifraude de forma meramente formal, en muchos casos como requisito legal para acceder a fondos europeos. Como resultado, los sistemas existentes son incompletos, fragmentados o directamente no están formalizados.
El informe pone el foco en la necesidad de abandonar una lógica reactiva y apostar por una cultura organizativa preventiva, basada en la anticipación y la planificación. En este sentido, la Audiencia critica el uso de medidas “de corta y pega” que responden únicamente a exigencias normativas, sin una integración real en la gestión pública.
Incumplimientos
Pacheco ha alertado además de que algunos incumplimientos en materia de prevención del fraude han llevado a ciertos municipios a plantearse la devolución de fondos europeos, lo que evidencia la gravedad de las deficiencias detectadas.
Entre las principales recomendaciones, la Audiencia de Cuentas plantea la implantación de códigos éticos en todos los ayuntamientos (actualmente solo presentes en las dos capitales), así como el desarrollo de sistemas integrales de control y una planificación estratégica de los riesgos de fraude.
Sistemas antifraude
Asimismo, el órgano fiscalizador insiste en la necesidad de extender los sistemas antifraude exigidos por la Unión Europea al conjunto de la gestión municipal. En la actualidad, según Pacheco, coexisten dos modelos paralelos en función de si los fondos son europeos o no, una situación que considera incoherente.
“Incomprensible”, ha señalado, que una administración aplique principios de integridad solo cuando gestiona fondos europeos y no en el resto de su actividad. A su juicio, esta disfunción se está tardando demasiado en corregir.
Finalmente, el presidente de la Audiencia ha subrayado que la integridad no debe entenderse solo como una obligación impuesta desde fuera, sino como un sistema de garantías clave para reforzar la confianza ciudadana y asegurar la transparencia en la gestión pública.