El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha afirmado este martes que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la recopilación de argumentos jurídicos para plantear ante la Unión Europea una limitación en la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes en las islas.
Rodríguez defendió que se trata de una medida “necesaria y de justicia” y recordó que el Ejecutivo ya ha trasladado este debate a foros europeos relevantes, como la cumbre de regiones ultraperiféricas celebrada en la isla de Reunión o el Comité de las Regiones de la UE.
Base legal
El consejero subrayó que esta demanda tiene amparo en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las singularidades de las regiones ultraperiféricas como Canarias, lo que permite adoptar medidas específicas para proteger sus realidades socioeconómicas.
Rodríguez también hizo referencia a la primera estrategia europea sobre vivienda, donde el Gobierno de Canarias ha solicitado que se tenga en cuenta la limitación geográfica y la fragmentación insular, así como los retos medioambientales y de sostenibilidad del archipiélago.
Desigualdad
La intervención se produjo tras una pregunta del diputado del grupo Nacionalista y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien alertó de que la adquisición de inmuebles por parte de no residentes se ha convertido en el mayor factor de desigualdad en Canarias.
Según los datos esgrimidos por Bermúdez, uno de cada cuatro inmuebles vendidos en el archipiélago es adquirido por extranjeros no residentes, una cifra que asciende a uno de cada tres en Tenerife.
“Derecho a quedarnos”
El diputado nacionalista defendió que limitar la compra de vivienda por parte de foráneos es una cuestión de equidad social y arraigo. “Se trata del derecho a tener, a estar y a quedarnos en nuestra tierra”, concluyó Bermúdez.
Rodríguez, por su parte, pidió también la implicación del Gobierno de España en este asunto, ya que la regulación de esta materia requiere coordinación institucional y respaldo jurídico firme ante los organismos europeos.