El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este martes la necesidad "de limitar la residencia en las islas y reforzar las políticas de vivienda" para frenar la especulación inmobiliaria, al tiempo que aseguró que su gobierno "no permitirá que esta situación continúe mientras los canarios no tengan acceso a una vivienda".
Durante su intervención en el tercer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de la actual legislatura, Clavijo afirmó que el Ejecutivo autonómico está librando una “batalla compleja y difícil” para introducir medidas que "permitan regular el crecimiento poblacional en el archipiélago". En este sentido, señaló que el nuevo marco presupuestario europeo puede abrir una “ventana de oportunidad” para impulsar cambios en esta materia.
El presidente subrayó que el objetivo "no es prohibir la residencia, sino establecer límites", ya que, a su juicio, Canarias "no puede continuar aumentando su población a un ritmo de 20.000 nuevos ciudadanos al año".
Recetas milagrosas
En relación con la crisis de vivienda, Clavijo reconoció que el Gobierno regional no dispone de “recetas milagrosas” y que el problema "no puede resolverse en un solo mandato". No obstante, aseguró que ya se ha producido “un cambio de tendencia”. Según explicó, el ritmo actual de construcción (entre 5.000 y 6.000 viviendas anuales) resulta "insuficiente", ya que el archipiélago "necesitaría alrededor de 15.000 viviendas al año para cubrir la demanda".
El presidente reivindicó la gestión del Ejecutivo autonómico en esta materia, destacando que se está impulsando la construcción de vivienda pública a niveles no vistos desde la crisis de 2008, además de promover cambios normativos para facilitar el desarrollo de nuevas promociones.
12 años de residencia
En cuanto a la demanda, recordó que el último Consejo de Gobierno aprobó un nuevo requisito para acceder a vivienda pública que exige acreditar 12 años de residencia en Canarias (15 si es de forma ininterrumpida) con el objetivo de garantizar que haya “vivienda para los canarios”.
Asimismo, avanzó que el Gobierno regional trabaja "en una modificación de la ley de bases de régimen local" que permita a los ayuntamientos "delimitar zonas en las que la compra de vivienda se destine únicamente a residencia habitual o a alquiler residencial, con el fin de contener la presión del mercado inmobiliario".