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María Jesús Montero, ministra de Hacienda del Gobierno de España / EFE

Canarias, a la espera de que Montero garantice la financiación del reparto puntual de menores

Además de la financiación, esta semana debería despejarse la fórmula jurídica que ampare este reparto y los servicios jurídicos canarios avalan el decreto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este lunes que confía en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, garantice el miércoles la financiación del reparto puntual entre todas las comunidades españolas de 4.400 menores migrantes no acompañados que tutelan las islas y Ceuta.

Tras reunirse en el puerto de La Luz con directivos de la empresa Hamilton y Cía para conocer sus planes de expansión, Clavijo ha dicho que en este asunto también se prevé despejar esta semana la fórmula jurídica que avale la Abogacía del Estado, si bien los servicios jurídicos canarios considerar que sería factible la del decreto ley.

Reunión con los grupos

Una vez clarificada esta cuestión, "quedaría la reunión con los grupos políticos para cerrar el texto con las mejoras que quieran introducir y llevarlo bien al Consejo de Ministros para su convalidación o al Congreso", ha referido.

Preguntado por la posibilidad de que el mecanismo elegido para llevar a cabo este reparto puntual se convirtiera, con el apoyo de Junts, en un sistema definitivo, Clavijo ha manifestado que en este momento el gobierno que preside "está concentrando todos los esfuerzos en liberar de presión a los servicios de la comunidad canaria y en que esos niños puedan ser atendidos con dignidad y acorde a los derechos internacionales que tienen reconocidos".

Modificar la Ley de Extranjería

"Una vez que consigamos esta meta, respecto de la que estamos más cerca que nunca, por lo que esperamos que prospere, tendremos un año por delante y mantenemos que lo ideal es modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establecer un sistema automático que sería aplicable a todas las comunidades", ha aseverado.

Fernando Clavijo ha advertido de que "hoy le toca a Canarias, pero pasado mañana puede ser a Andalucía, Baleares o Valencia", por lo que se pretende "establecer un mecanismo de solidaridad entre territorios que quede reflejado en ley, y no esté al albur de la voluntad política del gobierno de turno que esté en cada comunidad autónoma".