El Gobierno de Canarias ha lanzado un ultimátum al Estado: o se produce una derivación inmediata de los 4.000 menores migrantes que actualmente están bajo la tutela del Archipiélago, o Canarias acudirá a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Así lo anunció el presidente Fernando Clavijo en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2025, denunciando la inacción del Gobierno central ante la mayor crisis migratoria de los últimos años.
“Nunca, en más de 40 años de democracia, se había dejado a un territorio en emergencia tan solo y tan abandonado”, afirmó Clavijo, asegurando que Canarias no seguirá soportando en solitario una crisis que afecta a toda España.
Estrategia legal
El presidente autonómico dejó claro que si el Estado sigue sin dar una respuesta, Canarias llevará el caso ante los tribunales. Apoyándose en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, Clavijo recordó que la inmigración es un fenómeno supraautonómico y que el Gobierno central tiene la obligación de colaborar con las comunidades autónomas.
“Si el Estado sigue negándose a asumir su responsabilidad, iremos hasta el final, ya sea con una reforma legislativa, un decreto ley o una batalla en los tribunales”, sentenció el presidente.
Además, el Gobierno canario exigirá la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para que el reparto de los menores migrantes sea obligatorio y no dependa de la voluntad política de cada comunidad autónoma.
El Estado ignora; Canarias actúa
Clavijo denunció que, mientras el Gobierno de España mantiene una política de brazos cruzados, su Ejecutivo ha logrado que la Unión Europea reconozca por primera vez la ruta migratoria atlántica como una de las más peligrosas.
“No hemos conseguido aún una distribución solidaria de los menores, pero seguimos presionando. Europa ya nos escucha; ahora le toca al Estado actuar”, reclamó el presidente.
Para hacer frente a la crisis migratoria desde un enfoque global, el Gobierno de Canarias también impulsará la primera estrategia Canarias-África, con la que se buscará contribuir al desarrollo de los países de origen y reducir el flujo de migrantes que llegan a las islas.
“Hablamos de niños, no de estadísticas”
Clavijo criticó duramente que la migración se esté utilizando como arma política, mientras se deja de lado el drama humanitario que hay detrás.
“Son niños y niñas que llegan aterrados, que han cruzado el Atlántico solos, que han pasado hambre, frío y miedo. El Gobierno no puede seguir ignorando esta realidad mientras Canarias asume en solitario un problema que es de todos”, concluyó.
Con esta firme posición, Canarias se prepara para una batalla legal si el Estado sigue sin actuar, dejando claro que la solución pasa por la solidaridad entre comunidades autónomas y la implicación directa del Gobierno central.