El Gobierno canario ha pedido este martes al Estado que cambie la Ley ELA por la dificultad que ofrecen sus criterios para aplicarla y para que los potenciales beneficiarios sin recursos suficientes puedan acceder a una ayuda económica previa a la contratación del servicio que precisen.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa la directora general de Dependencia del Gobierno canario, Concepción Ramírez, al referirse a las 29 solicitudes recibidas en las islas de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) para el reconocimiento de ayudas por su grado de dependencia de Grado III+, reconocido en el decreto aprobado en marzo por esta comunidad.

Solicitudes y obstáculos en la aplicación

La directora general ha subrayado que esta ley se aprobó "sin una consulta previa a las comunidades autónomas, sin un estudio previo de lo que suponía su implementación", por lo que sus trámites y procedimientos "no están establecidos y hay que crearlos".

Además, Ramírez ha recalcado que es el Estado el que establece "qué prestaciones son a las que tiene derecho" un dependiente de Grado III+: a la de un asistente personal y a la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, "que no son compatibles entre sí, porque en Canarias ninguna prestación económica es compatible entre sí".

Requisitos para acceder a las ayudas

Por ello, ha avanzado que de las 29 solicitudes recibidas en las islas "hay varias que van a ser inadmitidas porque no cumplen con los requisitos", básicamente porque no cumplen con el perceptivo informe de salud que diagnostica tal grado de dependencia.

Además, ha puntualizado que la ley establece que para recibir una ayuda vinculada a un servicio el potencial beneficiario "tiene que tener el servicio contratado y presentar factura y contrato".

La documentación exigida

Para la prestación económica de asistente personal establece también la ley que "tiene que tener contratado a ese asistente personal y tiene que presentar el contrato, la nómina y el alta en la Seguridad Social", ha referido.

Como "ninguno" de los solicitantes de Canarias ha presentado "factura y contrato" del servicio que precisa, el Gobierno regional "no puede resolver ningún caso de ELA", ha dicho.

Petición de cambios al Estado

"Son prestaciones efectivas, hasta que no presenta la documentación, no podemos reconocer ese Grado III+ de dependencia", ha aseverado Ramírez, quien ha lamentado que la norma estatal no haya previsto "la salvedad" de conceder, al menos, el primer pago de la ayuda de asistente personal con carácter previo a la presentación de la documentación requerida al beneficiario, lo que podría incluirse, ha opinado, en la Ley de Dependencia que se debatirá este mes.

El viceconsejero regional de Bienestar Social ha recalcado que, además, la Ley ELA establece unas prestaciones "tremendamente tasadas" que las comunidades autónomas no pueden modificar.

Prestaciones y criterios médicos

"En el Grado III+, la cuantía mínima aprobada la semana pasada es de 4.890 y la máxima es de 9.800. Si el ciudadano no aporta facturación de esa cuantía mínima, el Estado no nos va a dar a la comunidad autónoma nada", ha afirmado.

A ello se suman las condiciones médicas que hay que reunir para obtener un grado de dependencia III+, como la necesidad de contar con respiración artificial, además del requisito de tener reconocido ya el Grado III.