El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la propuesta de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, una norma vigente desde 2017 que el Ejecutivo autonómico quiere modificar para "reforzar la protección del territorio, facilitar la construcción de vivienda y atender al reto demográfico en las islas".
Segun ha dado a conocer el Gobierno canario este lunes, el documento será remitido ahora al Consejo Consultivo para su análisis jurídico con la previsión "de que pueda registrarse en el Parlamento de Canarias antes de que finalice el mes de julio". A partir de ahí comenzará el debate político sobre el contenido de la reforma.
Simplificación
La propuesta busca "profundizar en la filosofía de simplificación y racionalidad en la gestión del territorio". El texto, según explican, es fruto "de un proceso de participación en el que han intervenido más de 700 profesionales de los ámbitos público y privado del archipiélago, a través de 17 foros celebrados durante más de un año".
Entre las principales novedades, detallan que la propuesta endurece "el régimen sancionador para las infracciones urbanísticas y territoriales". En concreto insisten en que "eleva las cuantías mínimas de las sanciones", por ejemplo, en el caso de las infracciones leves, "el tipo básico pasa de 60 a 300 euros". Además subrayan que amplía de "seis a nueve meses" el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente y "duplica de cuatro a ocho años" el periodo de prescripción de las sanciones urbanísticas y territoriales.
Reducción
El Ejecutivo canario expone que el texto también plantea "reducir en torno a un 40% la documentación necesaria para tramitar un plan general, eliminando algunas fases actualmente obligatorias y acortando los tiempos para su aprobación". Según el Gobierno canario, la intención es "simplificar los procedimientos y aportar mayor seguridad jurídica".
En materia de vivienda, apuntan que la propuesta incluye medidas "para aumentar el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública y reforzar la cesión obligatoria de suelo para construir".Para el Gobierno de Canarias actualizar esta ley supone una respuesta a la crisis habitacional que afecta al archipiélago.
Menos de 10.000 habitantes
Al parecer, la reforma también incorpora "medidas específicas para municipios de menos de 10.000 habitantes, con el objetivo de hacer frente al reto demográfico". Entre ellas se amplían "las posibilidades de construir vivienda en asentamientos rurales, se impulsa la centralización de servicios básicos y se busca generar más oportunidades en estos municipios".
Asimismo el Gobierno plantea facilitar la vivienda "asociada a actividades agrarias, permitir usos complementarios y consolidar el régimen de declaraciones responsables y comunicaciones previas, con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica a los emprendedores del sector".