La federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias ha presentado un paquete de enmiendas al proyecto de ley sobre licencias urbanísticas que se tramita en el Parlamento de Canarias con el objetivo de preservar el control público del uso del suelo y evitar la privatización de funciones administrativas.
Según informó el sindicato, las propuestas se han elaborado a partir de las aportaciones recogidas en asambleas con personal de oficinas técnicas municipales y colectivos sociales de ambas provincias.
Críticas al sistema de informes privados
Uno de los aspectos que más preocupa a CCOO es la introducción en el proyecto de ley de los denominados informes técnicos de conformidad, que podrían ser emitidos por entidades privadas, colegios profesionales o medios propios personificados.
El sindicato advierte de que estos informes podrían sustituir a los informes técnicos municipales incluso cuando estén en juego potestades públicas vinculadas a la legalidad urbanística, sin necesidad de verificación posterior por parte del personal técnico de los ayuntamientos.
Para la organización sindical, esta fórmula supondría avanzar hacia la mercantilización del urbanismo y podría subordinar el interés general a criterios privados.
Origen de la reforma
El proyecto legislativo tiene su origen en el Decreto-ley 3/2025 de licencias urbanísticas, aprobado con el objetivo de agilizar la tramitación de licencias.
Sin embargo, CCOO recuerda que la norma ya generó críticas por parte del Consejo Consultivo de Canarias y de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, además de provocar malestar entre profesionales del sector y colectivos sociales.
Propuestas del sindicato
Entre las enmiendas presentadas, el sindicato plantea que cualquier informe técnico externo deba ser ratificado por los servicios técnicos municipales, con el fin de garantizar la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurídica.
También propone reforzar la colaboración entre administraciones mediante mancomunidades o consorcios urbanísticos que permitan apoyar a los municipios con menos recursos técnicos.
Asimismo, defiende que la denominada cláusula de descuelgue, que permitiría aceptar informes externos en determinados casos, no pueda aplicarse por silencio administrativo, sino que requiera un acuerdo expreso del pleno municipal.
Rechazo en varios ayuntamientos
CCOO recuerda que varios municipios canarios, entre ellos Candelaria, Las Palmas de Gran Canaria y Santa María de Guía, ya han manifestado en sus plenos su rechazo a la introducción de estos mecanismos.
Además, las oficinas técnicas municipales han difundido un manifiesto en el que alertan de los riesgos de privatizar funciones públicas relacionadas con el control urbanístico.
El sindicato confía en que el Parlamento autonómico incorpore las enmiendas necesarias para que cualquier reforma destinada a agilizar la tramitación urbanística refuerce el papel del sector público sin debilitar las garantías en la gestión del territorio.