El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha rechazado este lunes que el Ejecutivo central pretenda fijar “líneas rojas” antes de la reunión bilateral prevista para este viernes entre ambas administraciones.
En ese encuentro se abordará, entre otros asuntos, la apertura de negociaciones para que la comunidad autónoma participe en la gestión de los aeropuertos de las islas, actualmente en manos de AENA.
“Sin líneas rojas” para negociar
Cabello ha insistido en que el Gobierno canario acudirá a la reunión “con documentos” y con el objetivo de abrir una negociación real, sin condicionantes previos.
“Nosotros vamos a una reunión de trabajo sin líneas rojas, para negociar soluciones que permitan a Canarias tener voz y voto en la toma de decisiones”, ha señalado.
El portavoz responde así a las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien acusa de haber marcado límites antes del encuentro.
Un debate “no solo político”
El Ejecutivo autonómico defiende que su participación en la gestión aeroportuaria no es únicamente una cuestión política, sino también legal.
“Las decisiones se toman en el Consejo de Administración de AENA, donde no está representada la comunidad autónoma”, ha subrayado Cabello, quien ha añadido que esta presencia está contemplada en el Estatuto de Autonomía.
Aunque reconoció que en el último plan de inversiones hubo contactos previos con cabildos y empresarios, criticó que las decisiones finales siguen siendo “unilaterales”.
REF y fondos europeos
La reunión bilateral también abordará otras demandas del archipiélago, como el control de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF), cuya tramitación —según Cabello— avanza con lentitud por la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, Canarias planteará la necesidad de ampliar los plazos de ejecución de los fondos europeos MRR destinados a proyectos energéticos.
Prórroga solicitada
En este sentido, el portavoz recordó que la Consejería de Transición Ecológica ha solicitado una prórroga para poder ejecutar iniciativas en marcha por valor de 200 millones de euros.
La celebración de la reunión está aún pendiente de la confirmación, por parte del Consejo de Ministros, del nombramiento de una nueva secretaria de Estado de Política Territorial.