El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado una iniciativa en la que reclama al Gobierno de España que corrija las dificultades técnicas que están impidiendo a determinados extranjeros con vínculo familiar directo con españoles acceder al descuento de residente en los viajes.
La propuesta, defendida en la Cámara por el diputado de Coalición Canaria, Miguel Yonathan Martín Fumero, sostiene que estos familiares extranjeros de ciudadanos españoles con autorización de residencia en las islas tienen reconocido ese derecho, pero que un problema técnico derivado de la falta de adaptación de los sistemas de verificación telemática está provocando que queden fuera del beneficio.
Según se expuso en el debate, los sistemas actuales reconocen como requisito habilitante la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) vinculada al régimen de familiar de ciudadano de la Unión Europea, pero no incorporan las nuevas autorizaciones previstas en la reforma de 2024. Esa falta de actualización está generando denegaciones del descuento.
Petición al Gobierno central
La iniciativa aprobada insta al Ejecutivo central a aclarar expresamente el derecho de estos familiares a la bonificación en las mismas condiciones que el resto de beneficiarios, siempre que cumplan los requisitos generales de residencia y acreditación. También reclama una adaptación urgente de los sistemas informáticos de verificación para evitar nuevas incidencias.
Además, el texto pide la emisión de instrucciones interpretativas y de coordinación que garanticen criterios homogéneos en todo el territorio nacional. A propuesta del PP, se incorporó también la exigencia de que se garantice la verificación analógica en caso de fallo del mecanismo informático.
Voto de los grupos
La iniciativa salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que votó en contra al considerar que el descuento por residencia debería aplicarse únicamente a los ciudadanos con nacionalidad española.
Con esta decisión, el Parlamento canario pone el foco en un problema administrativo que, según la Cámara, está dejando sin efecto un derecho ya reconocido por la normativa vigente.