Canarias continúa sin aprobar su nueva Ley de Salud Pública y de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, diez meses después de que el Gobierno autonómico acordara la tramitación urgente del anteproyecto. La normativa, que el propio Ejecutivo considera indispensable para mejorar la respuesta ante riesgos, alertas y emergencias sanitarias, sigue pendiente de culminar los trámites necesarios para convertirse en proyecto de ley y llegar al Parlamento de Canarias.
El 23 de diciembre de 2025 el Consejo de Gobierno aprobó a propuesta de la Presidencia y por iniciativa de la Consejería de Sanidad acelerar el procedimiento de elaboración y aprobación del anteproyecto, además de solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias. El Ejecutivo justificó esta decisión por la necesidad de disponer "de un marco normativo que reforzara la prevención, la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias".
Considerada prioritaria
En aquel momento el Gobierno calificó la aprobación de la ley como "prioritaria e indispensable para mejorar la protección de la salud de la población". La experiencia de la pandemia de COVID-19 y de otras emergencias sanitarias recientes fue uno de los argumentos utilizados para defender "la necesidad de contar con estructuras estables, especializadas y dotadas de mayor capacidad operativa".
Según Sanidad, la iniciativa pretende establecer "un Sistema de Salud Pública de Canarias articulado en red que permita coordinar las actuaciones de las distintas administraciones y adaptarlas a las necesidades de cada isla". También contempla la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública como "un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, encargado de funciones de vigilancia, evaluación y planificación de las políticas de salud pública".
El Gobierno señaló entonces que la tramitación urgente era para que la norma pudiera entrar en vigor antes de que finalice la actual legislatura, en 2027. Sin embargo, hasta ahora no consta su aprobación definitiva ni su remisión a la Cámara autonómica.
Seguridad alimentaria
Uno de los ámbitos que aborda el anteproyecto es la seguridad alimentaria. En concreto, su artículo 26 contempla la identificación y evaluación de riesgos para la salud derivados del consumo de alimentos, así como el control oficial de productos y establecimientos alimentarios durante las fases de producción, transformación, distribución y consumo.
La propuesta también recoge la participación en los sistemas de información y alerta alimentaria estatales y europeos, la vigilancia de productos mediante la toma de muestras y análisis y la investigación de brotes. Asimismo, establece medidas de coordinación entre administraciones, asociaciones, empresas y organizaciones sectoriales para abordar los riesgos relacionados con la alimentación. Estas actuaciones tienen especial interés en Canarias por la importancia del abastecimiento exterior, aunque los controles sanitarios de las importaciones en frontera corresponden al Estado. El anteproyecto regula actuaciones de seguridad alimentaria dentro de las competencias autonómicas, algunas de las cuales ya desarrollan los servicios actuales de Salud Pública.
El CES pide garantizar personal y recursos
La futura normativa recibió en enero de 2026 el dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), que formuló distintas recomendaciones sobre su contenido. Entre ellas, garantizar recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes en todas las islas, prestando especial atención a los territorios no capitalinos.
También recomendó establecer medidas correctoras mediante planes de inversión y despliegue de profesionales cuando se detecten desigualdades en la dotación de recursos, así como garantizar la presencia estable de personal sanitario y técnico y programas de prevención con un alcance uniforme en el archipiélago.
Una de las leyes pendientes
El pasado 31 de agosto, Atlántico Hoy ya advertía de que Canarias afrontaba el último curso político con una veintena de leyes pendientes de aprobación. Entre ellas figuraba precisamente la futura Ley de Salud Pública y de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, que ya contaba con un texto de anteproyecto, pero permanecía fuera del Parlamento.
En ese momento la iniciativa se encontraba más avanzada que otras propuestas que únicamente habían sido anunciadas o sometidas a consulta pública previa, aunque todavía debía superar distintos trámites administrativos para convertirse en un proyecto de ley. El Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias mantiene el expediente dentro del apartado de normativa en elaboración y recoge únicamente tres documentos correspondientes a las fases iniciales del procedimiento, fechados en 2025. Aunque posteriormente se celebró el trámite de información pública y el CES emitió su dictamen, esas actuaciones no aparecen incorporadas.
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