El caso Koldo, la presunta trama de corrupción liderada por un asesor del exministro José Luis Ábalos (PSOE) para el supuesto cobro de sobornos en la compra-venta de mascarillas durante la primera ola de la pandemia, ha espolvoreado trazos de duda sobre el anterior Gobierno de Canarias. Ese Ejecutivo autonómico, presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE), dio una segunda oportunidad a través del Servicio Canario de la Salud (SCS) a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —firma que aparece en el epicentro de la red— pese al incumplimiento de un contrato por parte de la empresa.
El 22 de abril de 2020, apenas un mes después de que Pedro Sánchez decretara el Estado de Alarma por el COVID19, el SCS acordó con la compañía —con sede en Zaragoza— una operación por la que la administración pública pagaría 6,8 millones de euros a cambio de 2,75 millones de mascarillas KN95/FFP2. El contrato, que en la Plataforma de Contratación del Estado aparece dividido en dos —uno por valor de algo más de dos millones y otro de 4,7 kilos— fijaba el precio de 2,5 euros por unidad de cubrebocas, el coste medio de aquella época para ese producto sanitario.
Lote defectuoso
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa bajo control de Koldo García —ayudante de Ábalos en Transportes— según la investigación judicial iniciada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia del Partido Popular (PP), entregó el material acordado en menos de una semana. El 23 de abril suministró 526.400 mascarillas, dos días después proporcionó 1,2 millones y el 28 de abril completó el pedido con 962.200 unidades. La transacción, a partir de ese momento, se convirtió en un dolor de muelas para el SCS.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias (HUC), tras analizar el material, consideró que 837.800 mascarillas escondían gato por liebre: no podían ser consideradas cubrebocas de categoría FFP2, extremo que confirmó posteriormente, durante el verano de 2020, un estudio del Centro Nacional de Medidas de Protección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla.
Similitud con el 'caso Mascarillas'
El SCS, ya con Conrado Domínguez en la dirección y pese al incumplimiento del contrato por parte de la compañía vinculada a la trama del caso Koldo, optó por dar una segunda oportunidad a la empresa en lugar de retrotraer y anular el contrato firmado con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —resolución calcada a la que también adoptó con RR7 United SL, firma investigada en el caso Mascarillas por no entregar a la sanidad canaria parte del material apalabrado tras cobrar por adelantado cuatro millones de euros—.
La decisión de la administración pública, que optó por pagar 707.518,50 euros por esas 837.800 mascarillas quirúrgicas y aceptar el envío de otros 550.000 cubrebocas FFP2 NR modelo SBL902 de la marca china Anhui Suboloun Garment para completar el pedido, fue cuestionada por la Audiencia de Cuentas, que criticó la decisión del SCS de trabajar con una compañía incapaz de acreditar experiencia previa en el sector sanitario —al igual que RR7 United SL en el caso Mascarillas— y que tras la destitución de Ábalos como ministro no volvió a trabajar para la administración pública.
No rescindir el contrato con la empresa controlada por Koldo García también provocó malestar dentro del Gobierno de Canarias. Alberto Pazos, que ocupó la dirección del SCS entre Antonio Olivera y Conrado Domínguez, no era partidario de seguir trabajando con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL tras el incumplimiento de la propia empresa. Tras su marcha, la firma localizada en Aragón logró tres contratos más con la administración autonómica hasta recibir un total de 12,2 millones de euros del Ejecutivo presidido por Torres.