La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio del Interior en las que reclama explicaciones y actuaciones urgentes ante la situación de la Policía Portuaria en los puertos de interés general del Estado ubicados en Canarias, así como del conjunto de los trabajadores de las Autoridades Portuarias del Archipiélago.

En sus iniciativas, fruto de una reunión con Artemis Casañas, secretario nacional del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de la Policía Portuaria, Valido centra sus demandas en tres ámbitos: la actualización de las condiciones retributivas, la clarificación del régimen jurídico y operativo y el refuerzo de las condiciones laborales, de seguridad y de carrera profesional.

Salarios congelados

En materia retributiva, la parlamentaria nacionalista denuncia que el complemento de residencia de los trabajadores de las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife permanece congelado desde hace más de 20 años, pese al aumento del coste de la vida, la condición de Canarias como Región Ultraperiférica y su dependencia estructural del transporte marítimo y aéreo.

En este sentido, Valido pregunta al Gobierno si prevé actualizar estas cuantías y equipararlas a las de otros territorios con condiciones geográficas singulares dentro del sistema de Puertos del Estado. También plantea su homogeneización con los complementos existentes en Ceuta y Melilla, y reclama una revisión urgente que tenga en cuenta la inflación.

En paralelo, la diputada ha puesto el foco en la situación de la Policía Portuaria. A pesar de ejercer funciones de vigilancia, inspección y protección de los recintos portuarios, además de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, este cuerpo sigue encuadrado en un régimen laboral con una excepción respecto al Estatuto Básico del Empleado Público.

Valido cuestiona si es “razonable” mantener esta situación y advierte de la posible inseguridad jurídica en el ejercicio de funciones de autoridad, especialmente en la instrucción de diligencias con posible relevancia penal.

Falta de medios

La iniciativa también incide en la falta de actualización de los medios de trabajo y autoprotección, así como en la ausencia de reconocimiento de la Policía Portuaria como colectivo de riesgo. En este sentido, se solicita al Ministerio del Interior que estudie su inclusión en sistemas de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores.

Además, Valido reclama garantizar el acceso a bases de datos esenciales para la gestión de emergencias y la seguridad portuaria, como el Fichero de Embarcaciones de Recreo, y denuncia limitaciones en la coordinación operativa entre organismos.

Por último, la diputada aborda la inseguridad jurídica derivada de la falta de definición del concepto de “funcionarios especialmente habilitados” en el Reglamento de Armas. Esta situación ha provocado interpretaciones distintas entre Autoridades Portuarias y, en algunos casos, la retirada de medios de autoprotección como barras extensibles.

Valido pregunta en qué punto se encuentra la posible modificación de esta normativa y si el Gobierno prevé reconocer expresamente esta condición a la Policía Portuaria o articular una solución que garantice su seguridad jurídica y operativa.

A través de todas estas actuaciones, Coalición Canaria busca garantizar mejoras en las condiciones laborales, seguridad jurídica y adaptación normativa de la Policía Portuaria y del personal de las Autoridades Portuarias en Canarias, atendiendo a su carácter estratégico y a la condición ultraperiférica del Archipiélago.