El Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha dado un paso estratégico en la defensa del colectivo de la Policía Portuaria, que ha sufrido recientemente la retirada de medios de defensa en los puertos de Las Palmas, como los bastones o porras extensibles, al considerar la Guardia Civil que no están habilitados para manejar este tipo de arma.
El sindicato se ha reunido en Madrid con los diputados del Grupo Popular Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos Sánchez Ojeda y Jimena Delgado. Durante el encuentro, el SPPLB ha puesto sobre la mesa una batería de reformas normativas que buscan dignificar la profesión y garantizar la seguridad en los puertos estatales, los cuales tienen la consideración de infraestructuras críticas nacionales.
Reformas de calado
El sindicato ha presentado propuestas concretas para modificar el marco legal vigente, centrando sus esfuerzos en la modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la actualización del Reglamento de Armas y una batería de aportaciones al borrador del nuevo Reglamento de Explotación y Policía.
Uno de los puntos más intensos del debate abierto tras la retirada de los bastones extensibles por la Guardia Civil, es, sin duda, la necesidad de convertir a los agentes de la Policía Portuaria en funcionarios de carrera. Actualmente tienen la condición de agentes de la autoridad por ley, pero mantienen una relación de personal laboral.
Según el SPPLB, este cambio es imprescindible para dotar a los agentes de mayores garantías y una seguridad jurídica plena en el ejercicio de sus funciones, y así se lo han hecho saber a los diputados del Partido Popular.
En el apartado de operatividad, el sindicato reclama la recuperación de las defensas extensibles y, de manera destacada, la dotación de arma de fuego. Esta petición se fundamenta en la relevancia de los servicios de seguridad que prestan en los espacios portuarios, catalogados como infraestructuras críticas donde la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CFSE) es constante.
Al Senado
El Grupo Popular se ha comprometido a estudiar y apoyar estas medidas en una segunda fase de acción: una mesa de trabajo con senadores. El objetivo es que estas propuestas prosperen en la Cámara Alta y continúen su trámite legislativo, atendiendo así a una demanda mayoritaria del colectivo.
"Estamos ante un punto crítico que debería contar con el consenso de todos los grupos políticos", afirma Artemis Casañas, Secretario Nacional del SPPLB. "Se está poniendo sobre la mesa la seguridad del personal que tiene el deber de garantizar la protección en los puertos", añade el portavoz sindical.
En la práctica se dan situaciones contradictorias, como prohibir a los agentes el uso de bastones y permitir armas de fuego a guardas de seguridad privada que trabajan en empresas portuarias. De ahí que reclamen los cambios normativos pertinentes para ser considerados funcionarios, y no un simple cuerpo de policía administrativa. Esto, con las habilitaciones pertinentes, les permitirá usar armas peligrosas, entre ellas pistolas y demás artefactos de fuego, un derecho que sólo lo tienen la Policía Nacional, la Guardia Civil y los diferentes cuerpos regionales y locales de seguridad.