El conflicto por el uso en los puertos de Las Palmas de las defensas extensibles, que son conocidas coloquialmente como porras o bastones extensibles, ha escalado hasta convertirse en una crisis de seguridad que afecta a la estructura misma de los puertos españoles.
Lo que comenzó como una discrepancia técnica en puertos específicos, como Las Palmas, se ha consolidado en 2026 como una prohibición generalizada dictada por el Ministerio del Interior y ejecutada por la Guardia Civil, que afecta a todas las Autoridades Portuarias del país.
Consulta al Estado
De hecho, el director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, ha elevado una consulta a Puertos del Estado para dar una respuesta coordinada al problema.
Y es que el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Javier Peña de Haro, ha dado un mes a los policías portuarios de la provincia para que depositen sus defensas extensibles en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
La medida ha sido rechazada por los sindicatos y los agentes de los principales puertos nacionales, entre ellos Algeciras, Barcelona, Las Palmas o Tarragona, en donde se empiezan a plantear medidas de protesta contra una decisión que compromete la seguridad de su servicio.
La frustración en el colectivo nacional de agentes portuarios es grande. Aún no hay un calendario de movilizaciones ni de medidas a tomar, pero entre los grupos de comunicación de los afectados comienzan a circular propuestas, como entregar sus uniformes, tomarse determinados servicios con más calma o devolver también la porra rígida, que es la única permitida ahora por la Guardia Civil.
Es la rebelión de las porras, un conflicto jurídico y sindical que amenaza con reducir la eficacia de la vigilancia en los puntos de entrada y salida más importantes de la economía española.
Legalidad contra seguridad operativa
La raíz del problema reside en una interpretación restrictiva del Reglamento de Armas. La Guardia Civil, tras realizar diversas consultas a la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE), concluye que las defensas extensibles son armas prohibidas para cualquier colectivo que no sea estrictamente una Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado (FCSE) o policía local y autonómica con habilitación específica.
A pesar de tener la condición de agentes de la autoridad, la Guardia Civil considera a la Policía Portuaria como un cuerpo especial de servicios auxiliares o seguridad administrativa, pues tienen la categoría de empleados laborales, no de funcionarios habilitados con categoría A, que son los únicos autorizados a llevar armas prohibidas.
Por eso el servicio nacional de Intervención de Armas y Explosivos ha solicitado a la Comandancia de Las Palmas que ordene la retirada de este equipamiento, obligando a los agentes portuarios a volver a la defensa de goma rígida tradicional. Es la porra de goma de toda la vida, menos peligrosa que el bastón extensible, pero también menos efectivas para repelar ataques o reducir comportamientos agresivos.
El oficio va dirigido a Las Palmas, pero deja claro que la prohibición afecta a todas las Autoridades Portuarias, incluidos los nodos logísticos más estratégicos del sistema nacional portuario, cuyos agentes podrían verse indefensos ante eventuales situaciones de peligro.
Algeciras, por ejemplo, es el puerto con mayor tráfico de mercancías de España y un punto caliente en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular, mientras que Barcelona, además de Zona Franca, es un puerto con mucha logística y una alta densidad turística. El activo principal de Valencia son sus miles de contenedores, aunque en este puerto los sindicatos mantienen por el momento un papel más mediador y conciliador.
Impacto en la seguridad nacional
La situación en Las Palmas, que es la primera en recibir la orden de la Guardia Civil, ha creado un clima de indefensión profesional en su policía. Mientras la Guardia Civil cumple con la normativa de control de armas, los agentes portuarios sienten que se les retira una herramienta de protección mínima en infraestructuras que son objetivo prioritario antiterrorista y de control aduanero.
Los delegados del Sindicato Profesional de Policía y Bomberos (SPPLB), Artemis Casañas y Ayose Medina, y del Sindicato Obrero de los Puertos Canarios (SOPC), Nauzet González y Juan Francisco Romero, se han reunido recientemente con Puertos del Estado en Madrid para exigir la restitución inmediata de sus medios de defensa.
También han anunciado recursos contra instrucción de la Guardia Civil y reuniones con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada.